Los funcionarios de Justicia reclaman al Gobierno que los trate como a los jueces

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Funcionarios judiciales representaron este lunes en Madrid la muerte de la Justicia.
Funcionarios judiciales representaron este lunes en Madrid la muerte de la Justicia. RAQUEL MANZANARES | EFE

Inician una huelga indefinida y acusan al ministerio de «mirar para otro lado»

23 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

«¿Por qué acuerda subidas retributivas lineales para LAJ, jueces y fiscales y se las niega al resto del personal que pide esas subidas en reconocimiento de las funciones que realiza?». Esa es la pregunta que le hacen al Gobierno los sindicatos que representan a los funcionarios de los cuerpos generales de Justicia, que iniciaron ayer una huelga indefinida en juzgados y tribunales de toda España. «Todos somos imprescindibles para este servicio público», afirman.

Los sindicatos CC.OO., CSIF, STAJ y UGT exigen a los negociadores del Gobierno que presenten al comité de huelga una oferta económica para subir el complemento general del puesto a 43.000 funcionarios de Justicia. Lo que piden es un aumento lineal en cada nómina de entre 350 y 450 euros al mes. Lamentan que el Ministerio de Justicia no haya convocado al comité de huelga «y sigue haciendo oídos sordos» a las jornadas de huelga y movilizaciones que han venido convocando en los últimos días.

Los funcionarios de Justicia sostienen que el Gobierno «no puede mirar para otro lado» después de haber autorizado subidas lineales en las nóminas de letrados judiciales y de los jueces y fiscales. Y acusan a los responsables de los ministerios de Justicia y de Hacienda de la situación actual y de suspensión de miles de juicios y de otras actuaciones procesales que pueden llevar a «un colapso absoluto» en los próximos meses. Respecto a las negociaciones con jueces y fiscales, los demás funcionarios judiciales critican que los ministerios porque «siguen dando un trato discriminatorio y clasista al 93 % del personal», en referencia a los cuerpos generales y especiales. Y añaden: «Somos quienes sacamos adelante el ingente trabajo en los juzgados y hacemos el trabajo que otros cobran».

Mientras estos funcionarios mantienen su protesta, el Gobierno escenificará este martes en Madrid el acuerdo alcanzado con los jueces y fiscales, que han logrado una subida lineal en su sueldo de 450 euros al mes.

Sin la asociación mayoritaria

A la firma del acuerdo asistirán, por parte del Gobierno, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, mientras que por las carreras judicial y fiscal estarán representadas la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF). Son seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales. Falta la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que considera que el acuerdo es «indigno y nefasto» para la carrera judicial.

La asociación mayoritaria de la carrera judicial no firmará el acuerdo con el Gobierno

La firma oficial del acuerdo con jueces y fiscales se realiza hoy después de que seis de las siete asociaciones que los representan aceptasen la última oferta del Gobierno, con una aportación de 46,7 millones de euros, que en la práctica suponen una subida lineal de 450 euros al mes en cada nómina de jueces y fiscales.

De ese acuerdo se desmarcó la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial. Y lo hizo con duras críticas al Gobierno y a las demás asociaciones, lo que deja entrever que el acuerdo económico no podrá final definitivo al conflicto. La APM está molesta con la forma en que se llevó la negociación y advierte que se llegó al acuerdo «por la capitulación de otros», en referencia a las otras seis asociaciones.

La potente APM califica el acuerdo de «insuficiente, indigno e inaceptable» y cree que «va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces y magistrados». Lamenta, además, que las otras seis asociaciones hayan aceptado ese acuerdo. «Hubiera sido muy fácil ahorrarnos estos 15 días de reuniones y de trabajo», sostienen desde la APM, mientras lanzan otro dardo a sus compañeros: «No somos nosotros tampoco los que asumimos la misma subida que los LAJ».