La asociación mayoritaria de jueces: «El acuerdo es indigno e inaceptable»
GALICIA
La Asociación Profesional de la Magistratura critica la «insuficiente» oferta del Gobierno y que sus compañeros la hubiesen aceptado
20 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El acuerdo al que llegó el Gobierno con seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales en la comisión de retribuciones, y que será ratificado el próximo martes, no parece que vaya a poner fin al conflicto. Y no lo parece porque la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y la única que no aceptó la oferta del Gobierno, está molesta con el acuerdo y también con la actitud de las otras tres asociaciones de jueces. Advierte la APM que este proceso termina «por la capitulación de otros».
La asociación califica el acuerdo de «insuficiente, indigno e inaceptable». Considera que «va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces y magistrados, y que contó con el beneplácito y la complicidad de otras asociaciones judiciales». Recuerda que en septiembre del 2021 las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Juezas y Jueces para la Democracia), decidieron unirse. «Asumimos el compromiso de trabajar juntas» para lograr mejoras en la carrera judicial.
Explica la APM que las cuatro asociaciones aprobaron un documento que cuantificaba en un 22 % la pérdida de poder adquisitivo desde el 2003, y en un congreso interasociativo en Albacete acordaron las reivindicaciones que harían en la mesa de retribuciones. Luego vinieron convocatorias y desconvocatorias de la mesa por parte del ministerio, que no quería asumir la subida salarial. Pero todo cambió durante la huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ). «Surge «una realidad bien distinta», dice la APM, pues logran una subida de sueldo.
La asociación relata lo ocurrido en las reuniones con el Gobierno iniciadas el pasado 3 de mayo, cuando el Ejecutivo ofreció un aumento de 44 millones de euros. La asociación dijo que «resultaba, como poco, indigno, aceptar una subida muy alejada de la que un mes antes se le había hecho a los LAJ». Por eso mantuvo una petición superior al ser el inicio de la negociación y porque, tras veinte años de espera, «no parecía razonable asumir la cantidad ofrecida».
Llegó el 8 de mayo, con una reunión «que se presentaba bastante complicada al ser evidente ya la ruptura de la unidad de acción de las asociaciones». El Gobierno elevó ese día la oferta a 46,7 millones, y el secretario de Estado de Justicia condicionó una nueva reunión a que se parase la huelga. La APM suspendió el paro, pero sin fecha: «No estábamos dispuestos a que el secretario de Estado ni nadie nos marcara la agenda y nos dijera si teníamos que hacer huelga el 22 u otro día diferente. Somos jueces, y nuestra independencia se defiende siempre, frente a todos y frente a todo».
Desde la asociación mayoritaria de jueces critican el acuerdo posterior: «La raquítica subida del 6.5 % nos parece indignante, humillante y un insulto». Y lamentan que las demás asociaciones hubiesen aceptado lo mismo que se ofreció en la anterior reunión. «Hubiera sido muy fácil ahorrarnos estos 15 días de reuniones y de trabajo», dicen en la APM. Y añaden: «No somos nosotros tampoco los que asumimos la misma subida que los LAJ». Y no quieren «firmar un acuerdo por sentirse «obligados o presionados a hacerlo». En la asociación mayoritaria de jueces ven un error en hacer aceptado la oferta de los ministerios de Justicia y de Hacienda: «Todos sabemos que el cierre de este acuerdo supone la renuncia a recuperar la pérdida de poder adquisitivo que hemos padecido todos estos años, y que ya no podremos reclamar ni a este Gobierno ni a los sucesivos».
La APM asume que la decisión de no firmar el documento presentado por el Gobierno «no ha sido fácil». Y lo explica: «Sabemos que es una decisión comprometida y seguramente difícil de comprender para algunos, pero lo hemos hecho desde el convencimiento de que es un acuerdo nefasto para todos nosotros, del que nos arrepentiremos pronto y que hiere, profundamente y durante mucho tiempo, nuestro régimen retributivo».
Abogados del turno de oficio reclaman a la Xunta condiciones «dignas»
Mientras, decenas de abogados del turno de oficio de las cuatro provincias se concentraron este viernes ante el Parlamento gallego para reclamar condiciones «dignas» debido a la precariedad laboral que dicen padecer. La protesta, que también se ha producido en otros puntos de España, se dirige en el caso de Galicia a la Xunta, que es la que tiene las competencias en materia de Justicia.
Los abogados aseguran que muchas veces tienen que pagar ellos de su bolsillo el servicio que ofrecen. «No podemos aguantar más esta situación», denuncia Rosa Lozano, representante de la plataforma de abogados del turno de oficio de Galicia.
Los manifestantes lanzaron cánticos y mostraron pancartas en las que denunciaban que «sin abogados, no hay justicia» y «somos abogados, no esclavos». Lozano dijo que «el servicio se ha ido deteriorando» debido a la precariedad que padecen, pues no tienen una relación jurídica con las Administraciones ni tampoco ningún derecho laboral, y que tienen «baremos de honorarios que están fuera de la realidad». Pone de ejemplo que no tienen un salario medio, que no les pagan nada por una guardia de 24 horas y en un caso penal solo les abonan un recurso de apelación, pero los siguientes corren de cuenta de sus bolsillos.
Y añade: «No tenemos derecho a ponernos enfermos, no tenemos derecho a que cuando se nos muere un familiar podamos suspender algún plazo». Explica, además, que las suspensiones de juicios dependen de los letrados judiciales, no de las situaciones personales de los abogados.