Jueces y fiscales amenazan con una huelga que podría colapsar el sistema judicial
GALICIA
Reclaman una subida de sueldo, como ya lograron los letrados con su paro de dos meses
25 abr 2023 . Actualizado a las 10:14 h.En plena huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), una de las asociaciones de jueces españolas empezó a testar internamente cuál sería el grado de implicación de sus asociados en una hipotética huelga para reclamar mejoras salariales. La consulta tuvo un respaldo mayoritario a favor de la ejecución de medidas de presión frente al Gobierno socialista. El camino quedaba abierto para una nueva protesta judicial, nada menos que de jueces y magistrados que, en medio de un paro parcial de funcionarios, amenazan ahora con otra huelga más en la Justicia. Cinco asociaciones de jueces y fiscales (Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), de carácter conservador, han citado a sus asociados para iniciar el 16 de mayo un paro indefinido que podría llevar al colapso del sistema judicial, que arrastra importantes demoras.
La convocatoria se realiza sin esperar al resultado de la mesa de retribuciones que le pidieron al Ministerio de Justicia y que se reunirá el 3 de mayo. A lo que ocurra en esa negociación sí esperarán las asociaciones progresistas (Jueces y Juezas para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales), que no apoyan la convocatoria de huelga, pero que ya anunciaron que respaldan los planteamientos de las demás asociaciones, porque comparten «el diagnóstico de la situación y las mejoras necesarias para superar el estancamiento actual del sistema judicial».
Jueces y fiscales alegan que llevan años denunciando la falta de dotación y aseguran que dentro de los Presupuestos Generales del Estado «la Administración de Justicia es la cenicienta». Señalan que las cargas de trabajo que asumen los juzgados y las fiscalías afectan «a la calidad y a la rapidez de la respuesta judicial, así como a la salud de los miembros de la judicatura y de la fiscalía». Critican que cualquier solución «se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de los profesionales, lo que no puede ser el único remedio a la sobrecarga de trabajo y a la elevada litigiosidad».
Las reuniones que las asociaciones mantuvieron con el ministerio el 31 de marzo y el 4 de abril tuvieron un resultado «decepcionante», según jueces y fiscales, que explican que en esas citas solo se consiguió el compromiso de convocar la mesa de retribuciones. Esa falta de propuestas concretas es uno de los motivos de la convocatoria de huelga.
Para las asociaciones de jueces y fiscales, la cita del 3 de mayo para la mesa de retribuciones no garantiza que esa reunión se celebre, pues advierten «que la experiencia enseña que se puede desconvocar en cualquier momento». Advierten que si no hay propósito de negociar por parte del Ministerio de Justicia, esa mesa «no sería más que otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental».
Jueces y fiscales lamentan que «la actitud prudente, callada y responsable» que han mantenido hasta ahora «no ha dado fruto alguno, sin que ni siquiera se les haya permitido hablar directamente con el Ministerio de Hacienda, que legalmente forma parte de la mesa». A esos motivos suman el contexto actual, que califican «de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia» que, señalan, «degrada la calidad de la respuesta institucional que obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos». Todas las asociaciones judiciales y fiscales coinciden en manifestar su propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo «que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas».
Sin embargo, las asociaciones de jueces y fiscales aseguran que no permitirán que su posición responsable «sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y de Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque el país disponga de un sistema judicial eficaz «que no es posible alcanzar si la labor de jueces y fiscales no se desarrolla en condiciones, también retributivas, adecuadas».
La ministra dice que «no es ahora el momento» para esas medidas de presión
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ofreció ayer su «voluntad negociadora indudable» después de que asociaciones de jueces y fiscales hayan anunciado su intención de ir a la huelga indefinida si no llegan a un acuerdo en la mesa de retribuciones que se reunirá el 3 de mayo. Llop aseguró que «no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión». Durante una visita a las casetas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la Feria de Abril de Sevilla, la ministra aseguró que tiene la mano tendida, como cuando se llegó a un gran pacto con los sindicatos en diciembre de 2021 para poder subir los salarios de los funcionarios y de los letrados en la Administración de Justicia, y poder equipararlo a la media nacional».
Precisó que «no todas las asociaciones ni judiciales ni de fiscales han dicho que van a hacer huelga» y añadió que el actual es «un momento muy importante que va hacia un sistema mucho más ágil, más eficiente, más sostenible, más igualitario, esa Justicia moderna del siglo XXI digitalizada que necesitan los ciudadanos». Y a los jueces y fiscales que amenazan con la huelga les pide «que miren por el buen servicio público de la Justicia, no perjudicar a los ciudadanos y que sean también honestos a la hora de plantear sus posiciones».
