El Gobierno gallego ultima un decreto para eliminar diez trámites y reducir a la mitad los plazos de espera
05 abr 2023 . Actualizado a las 19:57 h.El Gobierno gallego quiere reducir a la mitad el plazo en el que se gestionan las ayudas a la dependencia y facilitar que los demandantes cuenten, al menos, con un respaldo económico que alivie sus necesidades lo antes posible. Esos son, explicó el presidente Alfonso Rueda, los objetivos del decreto aprobado hoy miércoles por el consello de la Xunta con el fin de aligerar su complejo funcionamiento interno en beneficio de un colectivo cada vez más numeroso. Aunque el impacto del cambio legal aún tardará meses en dejarse sentir, y de que la disparidad de casos puede complicar su evaluación, la previsión es que la reducción de los plazos a la mitad se traduzca en que las esperas pasen a ser de seis meses en vez de un año, señalaron fuentes del Gobierno autonómico.
El decreto, explicó Rueda, busca «reducir o papelamen», «eliminar duplicidades» y «acelerar o tempo» para que los usuarios accedan a una prestación sin «peregrinar» de una ventanilla a otra de la Administración.
El texto, que se enmarca en el «plan de choque» de la dependencia, añadió el presidente, ataca tres aspectos de la actual normativa. Por una parte, supondrá una reducción neta de los trámites burocráticos. Para acceder a un reconocimiento de dependencia, los interesados deberán presentar dos documentos, «un informe médico e un informe social», cuando hasta ahora tenían que entregar una docena.
Por otra parte, se acelerarán y unificarán las gestiones que sean imprescindibles. Hasta la fecha, para que los beneficiarios pudiesen acceder a alguna de las ayudas debían superar dos trámites: la solicitud de reconocimiento del grado de dependencia, y la elaboración de un programa individual de atención (PIA).
Esa última gestión no se iniciaba hasta que no quedase lista la primera fase de evaluación del usuario y se le reconociese su grado. «Agora vaise tramitar todo o mesmo tempo», explicó el presidente.
Rueda añadió otra reforma para que no será preciso iniciar desde cero esos trámites en caso de que la situación del beneficiario cambie después de que se haya emitido una primera valoración de dependencia con su correspondiente programa de atención.
Finalmente, el tercer aspecto que se modificará es el funcionamiento del PIA, «a receita do servizo ou prestación que precisa cada persoa en función da súa situación», señalaron desde la Xunta, con el objetivo de que sea más completo y adaptable a la situación del beneficiario.
El presidente explicó que el programa comportará una prestación económica que se facilitará desde la misma aprobación de la PIA, sin que se acumulen los pagos pendientes para abonarlos de forma retroactiva, como también sucedía hasta ahora. La prestación facilitará que los usuarios cuenten con una alternativa en caso de que el recurso que hayan solicitado no esté disponible. Por ejemplo, si se ha pedido una plaza en una residencia pública de mayores, y no hay ninguna libre, el beneficiario podrá recurrir a esos fondos para recibir asistencia en un centro privado hasta que haya una.
La decisión de pagar la prestación desde el primer momento no solo ayudará a los dependientes, sino que también evitará que se produzcan desequilibrios de liquidez en la propia Administración, que en ocasiones ha tenido que abonar cantidades importantes en pagos retroactivos a varios usuarios.
El decreto incluirá además medidas para mejorar el trabajo de los equipos de valoración, facilitar la justificación de los pagos de los bonos de residencia, centro de día, ayuda en el hogar o asistencia personal, y reducir la documentación de las ayudas por cuidador en el entorno familiar.
Está previsto que la nueva normativa, que estos días será remitida al Consello Consultivo, se apruebe en cuestión de «poucas semanas», anunció Rueda.
