La jueza amplía la investigación del caso STL por fraude a la Seguridad Social y revelación de secretos
GALICIA
La magistrada ha abierto tres piezas separadas y autoriza al gobierno local a personarse en una. Cinco personas y cinco organizaciones están imputadas
20 may 2023 . Actualizado a las 17:43 h.La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha abierto tres piezas separadas al margen del procedimiento principal que sigue contra cinco personas y otras tantas organizaciones —entre ellas, el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL)—, a las que investiga por supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Según la Policía Nacional, la red cobró mordidas a trabajadores en paro a cambio de empleos temporales en el servicio de limpieza viaria de A Coruña, adjudicado por el gobierno local por 14 millones de euros anuales a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que habría entregado al sindicato sus competencias en materia de personal.
Cuarenta días después de la detención de los principales sospechosos —dirigidos por el líder sindical e inspector jefe de la concesionaria de recogida de basura, Miguel Ángel Sánchez—, y con la huelga de letrados de Justicia de por medio, las diligencias iniciales se han sustanciado en una causa compleja que incorpora nuevas derivadas al entramado que hizo saltar las alarmas del ayuntamiento coruñés el 22 de febrero a la vista de la operación policial que desarticuló la trama en la concesión municipal, activa, según relataron trabajadores a La Voz, al menos desde el 2014.
La jueza decidió fragmentar el procedimiento en una primera pieza separada para investigar un fraude a la Seguridad Social, por simulación de baja laboral, cometido supuestamente por dos personas. Más tarde abrió una segunda pieza relacionada con un delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa por el que figuran tres personas imputadas. Y por último, formó una tercera pieza independiente para dirimir otro caso de descubrimiento y revelación de secretos en relación con un expediente tramitado en el Ayuntamiento de A Coruña, en el que aparecen involucradas dos personas y dos empresas. Únicamente en relación con este procedimiento admitió la magistrada el personamiento solicitado por el gobierno de la alcaldesa socialista, Inés Rey, en calidad de perjudicado.
La investigación, que salió a la luz un año después de que el STL alentara una huelga que obligó a decretar el estado de emergencia sanitaria al dejar toneladas de basura en las calles, camiones incendiados y grupos de encapuchados patrullando la ciudad, movió esta semana a la CIG a solicitar el personamiento como acusación particular, y al menos otras dos organizaciones —una de ellas, la Asociación Gallega de Centros Especiales de Empleo sin Ánimo de Lucro— estudian hacerlo.
Desde que se levantó el secreto de sumario, la jueza adoptó medidas cautelares de naturaleza patrimonial, con intervención y embargo preventivo de activos bancarios «muy elevados», según la Policía Nacional, intervención de seis vehículos de lujo a Miguel Ángel Sánchez y prohibiciones de disponer sobre determinados bienes de los investigados. Las medidas han sido recurridas por los imputados, y los recursos están pendientes de resolución.
La apertura de diligencias, sin embargo, no ha impedido que las represalias que denuncian los trabajadores en el seno de la plantilla de la concesionaria continúen. Dos conductores del turno de noche afiliados a sindicatos minoritarios fueron degradados sin mediar explicación desde febrero y este lunes otro compañero en las mismas circunstancias recibió órdenes para realizar labores de peón.
FCC, que ha declinado responder a las solicitudes de información de este periódico, firmó subcontratas o convenios con dos entidades vinculadas al STL en A Coruña, Ourense y Ponferrada. A raíz de las detenciones, Inusvalia, dedicada a la inserción laboral de personas con discapacidad, ha subrogado su plantilla a Lares del Norte, subcontratada también por FCC. Imprego, dirigida por la mujer de Sánchez y receptora de las mordidas, también estaría entre las investigadas y habría suspendido su actividad. «Habrá que esperar a ver cómo resuelve de ahora en adelante las contrataciones la empresa, si la red no puede operar», advierte un trabajador.