Principio de acuerdo entre el Gobierno y los letrados de Justicia para poner fin a la huelga

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Letrados judiciales en Madrid tras una de las reuniones fallidas en el Ministerio de Justicia. A la derecha, uno de los portavoces del comité de huelga, el gallego Juan José Yáñez.
Letrados judiciales en Madrid tras una de las reuniones fallidas en el Ministerio de Justicia. A la derecha, uno de los portavoces del comité de huelga, el gallego Juan José Yáñez. Daniel Gonzalez | EFE

Los negociadores de los ministerios de Justicia y de Hacienda hicieron una propuesta a los funcionarios, que será votada en asambleas por toda España

26 mar 2023 . Actualizado a las 00:25 h.

No es definitivo, pero todo parece indicar que la próxima semana podría firmarse un acuerdo que ponga fin a la huelga que los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) vienen manteniendo desde el pasado 24 de enero. Las tres reuniones de esta semana entre los representantes del Gobierno central y de los letrados parecen haber permitido acercar las posturas tan distantes que enfrentaban a las partes desde que los letrados decidieron salir a las calles y presionar al Ministerio de Justicia. Con la convocatoria de una huelga indefinida exigían mejoras salariales que se adecuaran a las competencias que estos funcionarios de alto nivel fueron adquiriendo en los últimos años.

Todos salieron medianamente satisfechos de la última reunión, celebrada este viernes en Madrid, entre el comité de huelga y los negociadores ministeriales (la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, y el secretario general para la Innovación y Calidad de la Justicia, Manuel Olmedo). Por fin se llegó a lo que ambas partes califican como «un principio de acuerdo», después de que los representantes de la Administración pusiesen sobre la mesa una propuesta que los letrados consideran como «aceptable» tras semanas de desencuentros. Evidentemente, no es la oferta que el comité de huelga proponía, pero sí parece que plantea aspectos que podrían ser tenidos en cuenta por los letrados judiciales y cuyos detalles no han trascendido.

Con esa idea positiva salieron de la reunión los representantes de los letrados, que por eso se han comprometido a que la propuesta de los ministerios de Justicia y de Hacienda sea presentada a todos sus compañeros para poder tomar una decisión. «Si los compañeros aceptan el acuerdo en las asambleas del lunes, la huelga terminará», tal y como declaró ayer a La Voz Juan José Yáñez, portavoz gallego del comité de huelga y miembro de la Unión Progresista de Letrados, a punto de subirse a un avión en Barajas.

El comité de huelga ya ha convocado para el lunes asambleas en todas las provincias, con el fin de que los letrados judiciales de toda España se pronuncien y voten sobre la propuesta de acuerdo de la Administración. Si las asambleas de los LAJ refrendan la oferta ministerial, el acuerdo sería entonces inminente. De hecho, todo está previsto para que el próximo martes el comité de huelga se presente de nuevo en Madrid, pero ya con el respaldo mayoritario otorgado por todos sus compañeros en las asambleas territoriales. Si los pronósticos se cumplen, ese mismo día podría quedar definitivamente sellado el acuerdo y se pondría fin a una huelga que está causando un grave daño a la Justicia española porque mantiene paralizada prácticamente toda la actividad en los juzgados y tribunales.

La incorporación de Hacienda

De todas formas, habrá que esperar, ya que, a pesar de las buenas vibraciones tras la última reunión, lo cierto es que los letrados de la Administración de Justicia no desconvocarán la huelga hasta que se firme el acuerdo con los negociadores de los dos ministerios implicados en la resolución de este conflicto, el de Justicia y el de Hacienda, que se incorporó en las últimas reuniones para fijar las posibilidades económicas que se podrían alcanzar en el acuerdo con los LAJ.

Una negociación marcada por los reproches: de paro de «privilegiados» al cobro de mil euros más al mes

Nadie esperaba que la huelga se prolongase tanto tiempo. Incluso los propios convocantes del paro confiaban en que el conflicto durase unos días, quizá una semana. Pero todo se enquistó en las primeras reuniones, en el mes de febrero. Los letrados judiciales cumplieron sus amenazas y empezaron una huelga demoledora. No se movía un papel en los juzgados, y llegaron las primeras suspensiones de juicios, de bodas, de conciliaciones, de comparecencias... Todo estaba parado. A la presión de los letrados judiciales respondió el Ministerio de Justicia con ataques directos al colectivo de funcionaros acusándolos de ser «unos privilegiados» y se hicieron públicas sus retribuciones, con unos salarios que oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros al año. Además, desde el ministerio se recordaba que los letrados querían cobrar el 85 % del sueldo de los jueces mediante la conocida como cláusula de enganche.

El enfrentamiento llegó a ser total y las negociaciones se rompieron. La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, desveló parte de las negociaciones y acusó a los letrados judiciales de buscar con sus propuestas un aumento de 1.000 euros más al mes. «El cálculo que hacemos es un incremento de más de 1.000 euros por nómina», aseguró Llop tras una reunión de su ministerio en Palma. Fue cuando pidió a los letrados que dejasen a un lado sus posturas «maximalistas» para poder seguir negociando.

«No sabemos de dónde sale»

Esa petición salarial fue desmentida por el portavoz gallego del comité de huelga en una entrevista en La Voz. Juan José Yáñez, letrado en un juzgado de Vigo, señaló: «Lo de los 1.000 euros no sabemos de dónde sale. Creo que es una cifra inventada. Puede ser un cálculo que hacen desde el ministerio, pero esas cifras no están contrastadas y se contradicen entre sí. Nosotros partimos de reclamar los acuerdos de abril».

Y esos acuerdos se basan en la cláusula de enganche con la carrera judicial y en la modificación de lo que cobran los letrados de las poblaciones más pequeñas, que tienen unos sueldos muy inferiores a los de los juzgados de las grandes ciudades. Y en alcanzar una adecuación salarial de acuerdo con las funciones asumidas desde el año 2009.