El nuevo canon gravará las líneas eléctricas terrestres de los futuros parques
24 mar 2023 . Actualizado a las 12:49 h.El Consello de la Xunta ha dado inicio a la tramitación de la Lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia, que ahora pasará a una fase de consulta pública en la que podrán participar todos los ciudadanos y que definirá el contenido final de la norma. El presidente gallego, Alfonso Rueda, explicó que el objetivo de la nueva ley es garantizar que los réditos que generan las instalaciones renovables reviertan en mayor medida allí donde se produce la energía, en este caso, en Galicia. Rueda lo resumió así: «Trátase de que os froitos do noso vento, da nosa auga e do noso sol teñan un retorno beneficioso e directo tamén para a sociedade galega». Así es cómo el Gobierno gallego quiere alcanzar esa meta.
presión fiscal
Un nuevo impuesto para la eólica marina. A semejanza del canon eólico, que desde el 2010 pagan las empresas promotoras de parques eólicos terrestres en función del número de molinos de viento, a razón de unos 20 millones de euros anuales, la Xunta creará un impuesto específico para los parques marinos que se construirán dentro de unos años enfrente a la costa gallega. Rueda explicó que la Xunta no puede aplicar un gravamen sobre el espacio marítimo, pero, según los servicios jurídicos de la Xunta, sí podrá hacerlo sobre las líneas eléctricas que evacuarán la energía hasta tierra firme. El canon afectará a esas infraestructuras de conexión una vez que abandonen el medio marino y hasta su enlace con los centros de transformación y de distribución. El presidente gallego aclaró que no se sabe todavía cuánto se recaudará por ese concepto y tampoco cuándo se empezará a aplicar, pues una y otra cuestión dependerá del desarrollo de la nueva tecnología de generación eléctrica, todavía en una fase muy inicial. Está previsto que en el 2030 entren en operación las primeras instalaciones en España, pero todavía queda un largo camino legislativo para que eso se produzca. Sí avanzó Rueda que el dinero procedente de ese nuevo canon se destinará a finalidades medioambientales y repercutirá en los lugares donde se establezcan esas conexiones y «tamén, por suposto, no sector da pesca». El canon eólico actual, por ejemplo, repercute directamente en los concellos con parques eólicos, pero no en su totalidad, ya que la Xunta redistribuye parte de la recaudación entre el resto de ayuntamientos gallegos. El objetivo del Gobierno autonómico es mantener ese criterio.
nuevos requisitos
Ventajas para las plantas que más beneficios entrañen para la zona. La nueva ley primará, además, los proyectos de renovables que más beneficios reporten a la zona en la que se van a construir. Así, la Xunta evaluará los efectos económicos y sociales de las plantas a la hora de emitir las declaraciones de impacto ambiental (DIA). Tendrá en cuenta el impacto económico, la creación de empleo, el abaratamiento de la factura para familias y empresas y la preservación de los bienes culturales. Rueda precisó que esa norma regirá para proyectos de producción de energía a partir de fuentes renovables, para aquellos que requieran una concesión de Augas de Galicia para generar electricidad y también para las explotaciones mineras. El presidente aclaró que esto incluye las plantas de producción de hidrógeno verde o las hidráulicas de bombeo, no solo las eólicas.
una empresa mixta
La Xunta promoverá sus propios proyectos renovables. La tercera gran pata de la nueva estrategia de la Xunta para asegurarse de que los beneficios de las renovables repercutan en mayor medida en Galicia es la creación de una empresa de capital público y privado, que se encargará de promover proyectos de nueva construcción y de predicar con el ejemplo. Es decir, de compensar al territorio en el que se asienten las plantas, el mismo objetivo que la Xunta exigirá a los promotores privados. Rueda aclaró que esta empresa no participará en todos los proyectos que presenten los inversores privados, sino que impulsará los suyos propios. En este sentido, el presidente gallego puso como ejemplo el desarrollo del autoconsumo en polígonos industriales, uno de los campos en los que se centrará la nueva sociedad. Pero, además, esta empresa mixta también podrá participar en los proyectos de renovables promovidos por otras compañías aunque no sean accionistas, precisaron fuentes de la Xunta.
Rueda aclaró que todavía desconoce cómo será el reparto accionarial de la nueva sociedad ni la participación que tendrá la Xunta, aunque «non descarto que teña control público». El Gobierno gallego quiere involucrar en esa aventura societaria a otras administraciones, ayuntamientos y diputaciones, y también a empresas privadas, no necesariamente entre las grandes del sector, sino también pymes, precisó Rueda. En función del interés que despierte la participación en la sociedad, así quedará el reparto accionarial. El mandatario destacó que la Xunta no necesitará tener un gran peso en la sociedad para poder imponer sus criterios de reparto de beneficios en el territorio. Aunque «canta máis capacidade de decisión teñamos, mellor» porque «hai unha grande diferenza entre estar ou non estar», resumió.
El ministerio priorizará proyectos con mayor repercusión local en los concursos de acceso a la red
El Ministerio para la Transición Ecológica también premiará los proyectos renovables con mayor impacto socioeconómico en el territorio en el que se asentarán. De hecho, modificó la normativa de acceso a la red de modo que dan más puntos en los concursos las iniciativas que cumplan con esos criterios. Fuentes del ministerio explicaron que los primeros concursos ya están en fase de tramitación, con un nudo en Galicia, en Mesón do Vento.
Cuando se convoquen, tendrán prioridad para llevarse capacidad los proyectos que cumplan las condiciones de adjudicación. Dentro de ellas, se tendrá en cuenta el número de empleos directos creados en la zona próxima al proyecto; el porcentaje de participación de inversores, empresas y administraciones locales; el mecanismo de reinversión de ingresos en la zona; la menor expropiación de terrenos y el impacto en la cadena de valor industrial. También se considerará la ubicación en territorios de reto demográfico.
A mediados del año pasado, Transición Ecológica sacó a información pública el proyecto de orden ministerial para convocar un concurso de capacidad de acceso en 17 nudos de la red de transporte de electricidad, para adjudicar 5,8 gigavatios de capacidad a instalaciones de energía renovable y de almacenamiento, aplicando criterios socioeconómicos y ambientales que garanticen la creación de riqueza en las zonas que acojan las instalaciones.
