El sector del transporte de viajeros por carretera gallego convoca huelga para el 31 de marzo
GALICIA
Denuncian una situación de «bloqueo» en la actualización de los cuatro convenios provinciales
22 mar 2023 . Actualizado a las 15:56 h.El sector del transporte de pasajeros por carretera de Galicia irá a la huelga el próximo 31 de marzo ante la paralización de los nuevos convenios colectivos provinciales, según han acordado los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT. Ese día se realizarán concentraciones en las estaciones de autobús gallegas. Será a las 11.00 de la mañana, salvo en Pontevedra, donde se hará a las seis de la tarde.
Las asambleas de trabajadores celebradas en las cuatro provincias gallegas han aprobado estas medidas «por unanimidad», como modo de demandar el «desbloqueo de la negociación colectiva», así como mejoras salariales y laborales.
Según explican los sindicatos convocantes, los cuatro convenios provinciales están «paralizados». Las mesas de A Coruña, Ourense y Pontevedra mantienen reuniones, pero «no se producen avances», y la de Lugo, aseguran, «ni quisiera se reúne».
Estas protestas son la continuación de las manifestaciones realizadas por el personal del sector en A Coruña y en Santiago. Y las centrales sindicales advierten de que si no se producen avances en las negociaciones, tras la Semana Santa las movilizaciones se «intensificarán».
Un sector «precarizado» y con una flota de vehículos «lamentable»
Los trabajadores denuncian que la paralización de los convenios y la falta de actualización de las condiciones laborales, salariales y sociales del personal, así como los reiterados incumplimientos de los convenios colectivos por parte de la patronal han llevado al sector a una situación «altamente precarizada».
Además de las «nefastas» condiciones del personal, los empleados critican el «lamentable» estado de la flota de autobuses, vehículos «muy viejos» con averías «constantes» que ponen «en riesgo la seguridad en el transporte», según señalan.
Los sindicatos culpan a la Xunta, tanto a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade como a la de Educación, por «permanecer ciegas y sordas» ante los problemas del sector y «no responder a las múltiples denuncias realizadas».