El Instituto Galego de Vivenda e Solo fija, en función de los demandantes, las proporciones de reserva para este año, con trece municipios por encima del 6,8 % general de Galicia
13 feb 2023 . Actualizado a las 23:33 h.Los planes generales de los ayuntamientos deben prever, por ley, unas reservas mínimas de suelo para vivienda de protección pública. Una obligación de la que están exentos los concellos de menos de cinco mil habitantes. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) determina anualmente ese porcentaje, en función del número de personas inscritas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de la Xunta, y esas cifras se han publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
La gran mayoría de concellos deberán aplicar el porcentaje medio establecido para Galicia, del 6,8 %, pero un total de trece tendrán que atenerse a un tanto por ciento mayor, resultado de relacionar su número de demandantes de vivienda de protección con el número de habitantes marcado por el padrón.
Vigo, con casi 6.300 demandantes inscritos, es el municipio que más tanto por ciento de suelo tiene que reservar para vivienda protegida, un 21,5 %. Le sigue un ayuntamiento de su área, Mos (229 demandantes), que debe apartar para este fin un 15,1 %.
De las siete ciudades gallegas, solo Ourense y Ferrol (con 373 y 372 inscritos en el registro de demandantes de vivienda cada una) tendrán que aplicar el porcentaje general gallego, de menos del 7 %. El resto superan esa proporción.
Además del caso ya citado de Vigo, las ciudades de Lugo y Pontevedra, ambas con más de mil demandantes de vivienda protegida, tienen que reservar un 13,4 y un 12,2 %, respectivamente.
Santiago, por su parte, tiene un porcentaje de reserva del 7,9 % (cuenta con casi 800 inscritos en el registro), y A Coruña (con casi 1.200 inscritos) debe apartar un 7,7 %.
Según se explica en el reglamento de la Ley do solo del 2016, cuando haya una variación de más o menos dos puntos del porcentaje de reserva total de suelo para vivienda protegida del ayuntamiento establecido en el plan general respecto del último publicado, el Pleno del ayuntamiento, por mayoría absoluta, y sin necesidad de seguir el procedimiento de modificación del PXOM, deberá acordar cambiar los porcentajes de reserva y ajustarlos a la resolución del Instituto de Vivenda.