Las 60 propiedades millonarias de Miñanco afrontan otra década abandonadas hasta su subasta
GALICIA
El exceso de burocracia y la falta de funcionarios provocan que las pujas de bienes intervenidos a narcos se retrasen hasta diez años
06 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Sito Miñanco habló más de la cuenta poco antes de su última detención, en el 2018. Entonces, entraba y salía de la prisión de Algeciras a la espera de finalizar la condena que cumplía. Le chivó a un lugarteniente, sin saber que alguien más escuchaba, la angustia que le agitaba: perder el Astillero Facho, en su Cambados natal, que desde los años ochenta le sirvió para dar rienda suelta a la imaginación fabricando narcolanchas. La conversación, reproducida en el sumario de la operación Mito, desnuda sus intenciones: «Tú [le dice al subalterno] tienes que hablar con Javi [otro colaborador], que esté listo por si hay algún problema y tiene que comprar el astillero [Facho], el chalé de Montalvo, el chalé de Vilagarcía y el piso de Cambados».
El primer gran narco de la cocaína en España se refería a la futurible subasta de propiedades integradas en la inmobiliaria familiar, San Saturnino S.L., entonces a un paso de ir a juicio y con serias posibilidades de acabar en subasta pública. Por eso, Miñanco, convencido de que nadie más escuchaba, desnudó sus intenciones hacia terceras personas que pudieran sumarse a la puja: «Espero que no se meta nadie, pero si va alguien más lo vamos a saber y lo vamos a retirar».
La frase evidencia las formas y el fondo de Miñanco; y el tiempo transcurrido desde el 2018, la fuerza del Estado. Desde entonces, el otrora capo ha perdido la inmobiliaria y fue condenado, junto a su exmujer, su hija mayor y un exsocio, por levantar el patrimonio de Inmobiliaria San Saturnino con dinero de la cocaína importada desde 1985. Casi 60 propiedades, valoradas en más de 10 millones de euros, repartidas en pisos, casas, edificios, plazas de garajes, trasteros o terrenos urbanizables y rústicos concentrados en la comarca de O Salnés. Todo un capital que el Plan Nacional sobre Drogas gestiona desde el 2021 para subastar algún día, tras más de una década embargado a la espera de resolución judicial.
Devaluación
El gran problema es que todo ese opulento patrimonio afronta, ahora, otra década en desuso y expuesto a humedades y otros desgastes que depreciarán aún más su valor de mercado. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra firmó en el 2019 la sentencia en primera instancia, y el Tribunal Supremo la hizo firme en el 2021. Luego, se envió al Plan Nacional sobre Drogas: una más de las 2.500 resoluciones judiciales que recibe anualmente este organismo integrado en el Ministerio de Sanidad para gestionar subastas de bienes inmuebles extirpados a narcos en España.
Pero la realidad, constatada anualmente, es que la gestión y ejecución de estas pujas se demora entre siete y diez años desde que los fallos son firmes: la causa principal está en la falta de personal para dar salida a la gran cantidad de trabajo generado por la parte policial y judicial. El Ministerio de Sanidad, consultado esta semana por La Voz, rehusó contestar en qué situación está el expediente de enajenación de las propiedades de Inmobiliaria San Saturnino o cuántos funcionarios se dedican a tramitar las sentencias que reciben anualmente de todos los juzgados del país.
Fernando Iglesias, responsable en Galicia del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, reconoce que la falta de funcionarios es un condicionante evidente, y diagnostica otra causa para explicar el efecto embudo: «El sistema procesal español, aunque parcheado, es del siglo XIX, y el proyecto para hacer una reforma que agilice los plazos en la instrucción, sin dar posibilidades a los abogados para recurrir cada auto, no acaba de salir adelante. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lleva en la mesa desde el 2011, luego se metió en un cajón. En esta legislatura parecía que avanzaba, pero el mandato está acabando y ya no dará tiempo, por lo que habrá que esperar a la siguiente legislatura. Al final, contar con más funcionarios responde a una decisión política, depende de partidas presupuestarias».
Ejemplos recientes
En diciembre se celebró la última subasta pública de bienes embargados a narcos en España. En el lote figuraba un aparcamiento en Málaga que perteneció a Marcial Dorado y que el Tribunal Supremo confirmó que obtuvo blanqueando dinero sucio. Desde la sentencia, transcurrieron siete años. El mismo tiempo pasó desde que la Justicia demostró que Manuel Abal Feijoo, Patoco, compró una discoteca en Sanxenxo con dinero de la cocaína hasta que se subastó en diciembre. Otro ejemplo, aun más dilatado, ni se ha juzgado: el último procedimiento patrimonial contra los Charlines. La investigación policial empezó en el 2008, el escrito final de la Fiscalía se entregó en el 2021 y se desconoce si el juicio se celebrará este año.
Otro ejemplo, genérico, desnuda la cruda realidad: casi todos los primeros grandes narcos gallegos siguen litigando para conservar un patrimonio que empezó a extirpárseles hace décadas. Ya de los actuales capos del tráfico de cocaína en Galicia hace años que ni trascienden sus nombres. Se mantienen en la sombra, pero en la cresta de la ola.
