Los administradores de fincas apoyan que las comunidades de vecinos puedan desalojar okupas

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GALICIA

Interior de una casa okupada desalojada en A Coruña
Interior de una casa okupada desalojada en A Coruña ANGEL MANSO

La Xunta ha pedido un cambio legal para que el desalojo pueda ser pedido por la comunidad, y no solo por el propietario del inmueble okupado

31 ene 2023 . Actualizado a las 11:01 h.

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), que aglutina a casi 600 profesionales de la comunidad autónoma, apoya la reclamación que la Xunta ha hecho al Gobierno central, pidiendo que las comunidades de propietarios también puedan emprender acciones legales para desalojar a okupas.

Actualmente, solo los dueños del inmueble allanado pueden reclamar el desalojo. Sin embargo, los administradores de fincas recuerdan que, en muchos casos, los propietarios no sufren las consecuencias del asalto, si no viven cerca, no se enteran de lo sucedido o no les importa lo que ocurra en su vivienda. Cuando eso sucede, apuntan, «los okupas pueden permanecer en el inmueble todo el tiempo que deseen», y quienes sufren las consecuencias son los demás vecinos, afectados por «un gran malestar a causa de los ruidos, suciedad y desperfectos».

Para evitarlo, el Coafga lleva tiempo reclamando que se cambie la legislación vigente y se arbitren mecanismos que permitan desalojar el inmueble en cuanto se descubre que ha sido okupado, aunque el propietario no tome la iniciativa.

Efecto llamada

Desde el colegio estiman también que se ha producido un aumento de los allanamientos y lo atribuyen al Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno. Estiman que está teniendo un «efecto llamada», porque en su disposición final primera, aseguran, «blinda» a los okupas, al prohibir los desalojos si los allanamientos no se producen con violencia. Así interpreta el Coafga las medidas gubernamentales que regulan los desahucios en casos de vulnerabilidad y que incluye a personas que se hayan instalado en una vivienda de lo que se conoce como gran tenedor (persona física o jurídica con más de diez viviendas) sin que medie violencia. En esos casos, el juez podrá suspender el lanzamiento, previa valoración de los servicios sociales.

«Si las penas fuesen más duras no se allanarían tantas viviendas. La okupación tiene cada vez más adeptos porque no se pone freno», señalan desde el Coafga. Y agregan que «para generar viviendas en un mercado de alquiler que las demanda cada vez más, se precisan medidas que generen confianza en el arrendador».

Los administradores de fincas también advierten de la profesionalización de la okupación: «Existen los ''llamadores de okupa'', mafias que buscan viviendas para que okupen terceros a cambio de dinero, y ''subarrendatarios'' de los okupas, conocedores o no de esta situación, que pagan una renta a los okupas e incluso tienen un contrato de alquiler» agregan.

Asimismo, alertan de una práctica que va en aumento: los arrendatarios morosos que, tras ser desahuciados y desalojados, vuelven a los pisos y se convierten en okupas, un fenómeno contra el que reclaman medidas.

Desde el Coafga estiman que «es mejor prevenir la okupación, que tener que luchar contra ella, porque echar a un okupa supone tiempo, esfuerzo, ansiedad y un coste económico muy elevado para los propietarios de las viviendas okupadas».