La pionera ley del litoral va camino del Parlamento. El catedrático de la UDC Javier Sanz, uno de sus autores, explica cómo cambiará la relación con el mar
22 ene 2023 . Actualizado a las 21:26 h.El viernes terminó el plazo para presentar aleaciones, y la nueva Ley de Ordenación del Litoral de Galicia va camino del Parlamento. Es una norma pionera, cuya redacción fue anunciada hace menos de un año por Alfonso Rueda para poner fin a la inseguridad jurídica y compatibilizar la conservación de la costa y su uso social y económico. Su redacción fue asumida por el Observatorio del Litoral de la Universidade da Coruña. Una entidad con 30 años de historia en los que ha publicado investigaciones con expertos nacionales e internacionales. Su director es Francisco Javier Sanz Larruga, catedrático de Derecho Administrativo especializado en las áreas litoral y ambiental. Nació en Tudela (Navarra) en 1959. Pero tras 34 años aquí se siente «galego», y describe el trabajo en la norma como un «sueño cumplido» para todo el Observatorio.
La ley se diseñó como un marco general que respeta las competencias de otras Administracions y las normas sectoriales. En materia ambiental es «por supuesto, proteccionista». Incluye la figura novedosa de la custodia del litoral, similar a la del territorio: «Una especie de colaboración ciudadana para la protección del medio ambiente». Pero la meta no es convertir Galicia en una «arcadia ideal» como pudo ser en el período Cámbrico». Defiende «la sostenibilidad ambiental», pero también «la social y económica». El profesor está seguro de que, tras más de 40 años de autonomía, «Galicia tiene el conocimiento y las competencias para gestionar su costa y hacer un buen trabajo».
El Gobierno gallego, insiste, no condicionó el articulado. «Hemos tenido total libertad, barra libre», señala. La Xunta les abrió la puerta de las consellerías para estudiar «problemas concretísimos, de un puerto o una aldea», lo que enriqueció «la lista de temas que debían tener respuesta». Porque una de las claves de la ley, subraya, es «acabar con la indeterminación para que no haya inseguridad jurídica».
La norma fija «acciones estratégicas» que caben en el litoral, como la cadena mar-industria, que «tiene que estar ahí», o las depuradoras que «según el Ministerio había que llevar a otro sitio con un costo inasumible y otro impacto ambiental». A su juicio, en virtud del título de ordenación del litoral, Galicia, «con todas las garantías de evaluación de impacto y de información de resiliencia» debe poder decidir.
Sanz descarta que la normativa fomente la turistificación. «No nos gusta el turismo masivo», subraya. Entre las actividades estratégicas figura el turismo azul, y la norma prevé que construcciones «preexistentes, que puedan estar en ruinas y tengan valor patrimonial puedan recuperarse como hospedajes». También se refiere a las «sendas litorales», porque el paisaje «es otra de las claves, no hay comunidad autónoma en España con esa variedad». Todo ello es «un recurso impresionante» para Galicia, pero debe compatibilizarse con la estabilidad ecológica.
Ahí aparece otro concepto clave de la ley, la capacidad de carga. Se aplica ya en las Cíes, donde el número de visitantes se limitó para proteger su ecosistema.
El texto contempla la economía azul, pero «no a cualquier precio». Lo mismo ocurre con la eólica marina. Pone como ejemplo el «enorme polígono» previsto frente a Ortegal, en una zona de competencia exclusiva del Estado con «caladeros de gran valor» en los que se faena. Por eso la ley plantea que se hagan informes de impacto socioeconómico. Se trata de regular esos conflictos de intereses, de tomar medidas para minimizar el impacto de esas actuaciones y, en último caso, si hay «sacrificios», que haya también compensaciones.
El texto busca un «desarrollo integral social, económico y ambiental. ¿Eso es fácil? No. Pero si alguien pierde tiene que ser compensado y si alguien gana, tiene que ser sensible», añade Sanz.
El lunes, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, describió la ley como «casi una declaración de independencia». Sanz reconoce que la ley es «muy ambiciosa», pero subraya que es «muy respetuosa con las competencias estatales» y prevé mecanismos de concertación y cooperación. Hay que «asumir lo que es nuestro», subraya, «pero en colaboración con las otras administraciones».
La escala autonómica, «tras estudiarlo en todo el mundo», es la «adecuada para gestionar la costa», pero esa gestión debe estar integrada «y por eso la ley se preocupa mucho de esa colaboración» y plantea «la necesidad de llegar a acuerdos de colaboración» incluso con Asturias y Portugal.
Esa visión integral se aplica al propio ámbito de la ley. La norma catalana se centra por ahora en tierra, pero la de Galicia regula también las primeras 12 millas de mar. «La continuidad ecológica entre tierra y mar es inescindible. Hay que gestionarla siguiendo esa interacción. No puede hacerse de otra manera. Poner al mundo natural límites competenciales es absurdo», explica.
«No hay necesidad de reformar el Estatuto porque ya contiene el título de ordenación del litoral»
El profesor Javier Sanz no descara que el Gobierno pueda presentar un recurso a la norma gallega: «Está a su derecho». Pero, sin prevenir lo que podría decidir el Tribunal Constitucional, recuerda que como juristas han sido «muy cuidadosos» y han «estudiado muy bien la jurisprudencia constitucional». La coordinadora del Observatorio es la catedrática Marta García Pérez, experta en Derecho Administrativo.
«Nosotros reclamamos que Galicia tiene derecho y competencias para gestionar la costa sin necesidad de reformar el Estatuto», porque «ya contiene el título de ordenación del litoral», dice Sanz. «No va contra ni contra la ley de costas ni contra la Constitución que sea la comunidad autónoma la que lo gestione», añade. Esa es la realidad en Cataluña, Canarias, Baleares y Andalucía. En esas regiones se aprobaron antes reformas estatutarias, pero esas modificaciones «no fueron para el tema del litoral». Sí se requeriría, «y lo contemplamos en la ley respetuosamente», el decreto de traspaso de servicios y medios. La ley es «una oportunidad», pero Sanz también invoca a «la política en el mejor de los sentidos, a la concertación» para que de «forma sosegada» se valore la conveniencia del traspaso. De ahí que la ley defienda la participación para lograr «que nuestra gestión de litoral sea la mejor del mundo».
