Los colegios privados tienen un mes para solicitar los nuevos conciertos económicos de la Xunta, que no incluirán a los que segreguen por sexo

Los conciertos por los que la Xunta subvenciona la actividad educativa de más de doscientos colegios privados gallegos, en vigor desde el 2017, terminan este curso, pero la Administración gallega ya ha puesto en marcha el proceso para suscribir los nuevos acuerdos, que estarán vigentes hasta el curso 2028-2029.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes la orden que regula el procedimiento. Los centros concertados que quieran seguir siéndolo, o los que quieran optar a serlo a partir del próximo curso, tendrán un plazo de un mes para solicitarlo. La fecha límite para hacerlo es el próximo 20 de febrero.

El documento indica que para optar a estos conciertos, el centro docente tendrá que cumplir la «normativa vigente aplicable». Un formalismo que, sin embargo, tiene en esta convocatoria más significado que nunca. Porque la ley educativa en vigor, la Lomloe, ha suprimido la posibilidad de que se puedan subvencionar los colegios de educación diferenciada entre niños y niñas. En Galicia, actualmente, hay cuatro: Peñarredonda y Montespiño, en A Coruña, y Montecastelo y Las Acacias, en Vigo, todos ellos concertados en el curso actual.

¿Podrán solicitar los acuerdos económicos? En teoría sí, pues no se puede impedir que se presente ninguna solicitud, pero salvo que haya un cambio en la norma, cuando llegue el momento de evaluar su petición, tendrá que ser denegada. Y es que la Consellería de Educación ha confirmado, como no podía ser de otra manera, que la Xunta cumplirá la ley, una ley que a día de hoy, no permite concertar a centros que segreguen por sexo a su alumnado. Cierto es que sobre este punto de la norma hay pendientes recursos en el Tribunal Constitucional.

Cinco meses para resolver

El plazo máximo para resolver el procedimiento, según la orden, será de cinco meses, por lo que a finales de junio todos los centros candidatos podrán saber si reciben el concierto o no de cara al próximo curso. Además, cada año, en el mes de enero, se abrirá de nuevo el período de solicitud, por si algún centro quiere sumarse al sistema de subvenciones o modificar las que tiene de cara al curso siguiente. En cada convocatoria se aplicarán los requisitos que fijen las normas en ese momento.

La duración máxima de los conciertos será de seis cursos académicos, y todos decaerán el 31 de agosto del 2029. Los conciertos aprobados se revisarán cada año para ajustarlos a la realidad de los centros y a las necesidades educativas de sus zonas de influencia.

Más de 300 millones anuales

La orden marca cuál será el presupuesto máximo que se dedicará cada año a los conciertos educativos, que como hasta ahora, se aplicarán a las enseñanzas de educación infantil, primaria, secundaria, FP y centros de educación especial, quedando fuera los estudios de bachillerato.

En total, los conciertos de todas las etapas podrán sumar hasta 317 millones de euros anuales, de los que algo más de 271 serán para las etapas infantil, primaria y secundaria, 27 para la formación profesional, y 18 para la educación especial (la única en la que el alumnado matriculado en centros concertados supera al de los públicos). En la convocatoria anterior, la del 2017, hace seis años, el presupuesto máximo anual era de 258 millones, un 23 % menos.

Las cifras actualizadas supondrán una asignación presupuestaria de más de 1.900 millones de euros para los seis cursos que estará en vigor la orden.

Criterios para conceder los conciertos

A la hora de suscribir o renovar un concierto, la orden explica que tendrán preferencia los centros que atiendan a poblaciones «de condiciones económicas desfavorables». También los que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo, los que fomenten la escolarización de cercanías, o los que funcionen en régimen de cooperativa.

En todo caso, habrá un informe de la Inspección Educativa que estudiará, entre otras cuestiones, si hay déficit o superávit de puestos escolares en la localidad o la zona de escolarización que afecte al centro, así como la relación entre alumnado y unidad de los centros públicos del área. El objetivo es evaluar si el colegio privado cubre necesidades de escolarización en su entorno, requisito prioritario para conceder los conciertos.

Los centros que obtengan la subvención tendrán que impartir de manera gratuita las enseñanzas concertadas, y deberán implementar las aplicaciones informáticas de gestión académica y administrativa de la Consellería de Educación, como las que sirven para llevar a cabo la reserva de plaza o la matriculación del alumnado.

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