PSOE y Podemos se abstienen y el BNG no asiste al debate promovido por el PP para pedir que se abone a las concesionarias con fondos públicos la subida prevista para el 2023
14 dic 2022 . Actualizado a las 21:29 h.El Gobierno tendrá que tener en cuenta la petición del Congreso de congelar el año que viene los peajes de la AP-9 y la AP-53. Así lo ha decidido este miércoles la comisión de Transportes de la cámara baja con los votos a favor de la propuesta presentada por el PP de Vox y Ciudadanos, mientras que los del PSOE, Podemos y PDECat, se han abstenido ante dicha exigencia.
Al final, los 17 votos a favor de la proposición popular, igual número de abstenciones, pero ningún voto en contra permitirán a Galicia mantener la esperanza de que los peajes de las dos autopistas no suban en un 9 % el próximo año.
Solo Vox y Ciudadanos mostraron públicamente su apoyo a la petición que el PP ha llevado hoy al Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno que congele para el año que viene los peajes de las dos autopistas estatales existentes en Galicia: la AP-9 (Ferrol-Tui) y la AP-53 (Santiago-Dozón). Los socialistas abogaron mediante la presentación de una enmienda a la propuesta popular por solicitar al Ejecutivo que analice o estudie medidas que eviten que las tarifas de ambas autopistas crezcan a partir del 1 de enero un 9,38 % en el primero de los casos y un 8,38 % en el segundo, y desde Podemos se hizo una relectura de proposición no de ley del PP para rechazar que todas las autopistas sigan en manos privadas. Ambos grupos también manifestaron su discrepancia sobre la inclusión del término «congelación» en el texto que se haga llegar al Gobierno.
Celso Delgado, diputado del PP que defendió la proposición, no aceptó las consideraciones de los dos grupos que apoyan al Gobierno dado que, a su entender, cuando faltan 17 días para que las tarifas entren en vigor, no se puede emitir una mera sugerencia desde el Congreso de los Diputados. «El PP lamenta que ante la escalada de precios y el impacto del IPC, el Gobierno de España no haya previsto ninguna medida en los presupuestos del 2023 para paliar el impacto en los bolsillos y la competitividad de las empresas de la subida histórica de los peajes» que indicó registrarán los dos viales.
«Sigan el ejemplo de la Xunta congelando los peajes de las autopistas autonómicas, como así lo ha recogido el Gobierno gallego en los presupuestos de la Xunta con 4,8 millones de euros, absorbiendo el impacto de la subida con una partida que supone un 86 % más respecto al del año actual para bonificaciones y rebajas», subrayó Delgado, que recordó que ya en el 2022 la administración gallega asumió la mitad de la subida de los peajes de los dos viales autonómicos de pago, un 2,5 % en lugar del 5 que determinaba la fórmula de actualización de tarifas en sus concesiones viarias.
El PP indicó en la sesión celebrada en la comisión de Transportes del Congreso que el Gobierno tiene margen para asumir la subida desde sus presupuestos, porque según los datos de la Intervención General del Estado a los que hizo mención, solo reconoce hasta finales de octubre obligaciones de pago por valor de 30,8 millones de euros de una partida de 54,9 millones destinada a cubrir las bonificaciones aplicadas a los conductores frecuentes y que, entre otros beneficios, les permite contar con el viaje de vuelta gratis. «Solo se ha gastado un 56 % de esa partida y han quedado sin ejecutar 24 millones de euros del presupuesto», incidió Delgado, curiosamente único diputado gallego que participó en el debate sobre los precios de las autopistas estatales en Galicia.
El PP estima que la partida presentada para el 2023 para mantener las bonificaciones en la AP-9 (56,3 millones de euros), supone una sobrepresupuestación que permitiría cubrir puntualmente el año que viene desde las arcas públicas la subida a la que aspiran las concesionarias de los dos viales. «Tienen fondos para esa congelación temporal, cuyo coste sería de entre 13 y 15 millones de euros», cifró el diputado del PP, que incluso defendió que se eleve con cargo a la misma partida del 20 al 40 % las bonificaciones otorgadas al transporte pesado. Por si el Gobierno rechaza pagar con fondos públicos es alza de las tarifas, Delgado también apuntó la posibilidad de rebajar la carga fiscal de las concesionarias o el IVA de los peajes a los usuarios. «Tienen obligación de hacerlo en las autopistas de Galicia o en otras como la AP-66 astur-leonesa», concluyó señalando que «están a tiempo de evitar que los gallegos tengan que asumir una subida histórica de los peajes en el peor momento».
Postura de los partidos del Gobierno
El diputado asturiano del PSOE Roberto García calificó de «lógica» la enmienda que pretendía introducir su partido y que apoyó Podemos para que el Gobierno estudie la petición de que no se suban los peajes en el 2023 en las dos autopistas gallegas, «pero lo chocante es que lo pida el PP, porque ustedes son los campeones de las prórrogas otorgadas a las autopistas», dijo aludiendo a la decisión que en su día tomó Álvarez Cascos sobre la prolongación del contrato de la autopista de su comunidad, o en Galicia con la misma AP-9. «Ustedes en Galicia llevaron la concesión de la AP-9 hasta el 2048 -recordó- cuando en ocho meses podría ser gratuita», rememoró sobre la decisión al respecto del Ejecutivo de Aznar, o sobre la concesión de 75 años de peajes en la AP-53, también por parte del PP. «En cambio, el PSOE ha puesto en marcha en Galicia un esquema de reducción de peajes hasta el final de la concesión sin precedentes. Son bonificaciones millonarias con impacto directo en el ciudadano y ustedes solo ponen palos en la ruedas», afeó el socialista sobre las decisiones de los gobiernos populares en asuntos de autopistas, que destacó trascienden en su pervivencia a varios gobiernos. Roberto García aseguró que el Ejecutivo actual es sensible al efecto de la subida y esta trabajando «para minorar el impacto. Ustedes hacen en cambio como que consecuencias como este incremento no tuviera nada que ver con decisiones suyas. Es un absoluto cinismo», terminó, no sin advertir que en Asturias el Gobierno autonómico ha trasladado al Ejecutivo central una petición similar, como también se ha pronunciado en los mismos términos el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso. «El Gobierno está en eso, sean solidarios con otros territorios y no sean oportunistas. Apoyen nuestra enmienda».
La diputada de Unidas Podemos-Galicia en Común, Rosér Maestro, aprovechó el debate para reclamar el pase de las infraestructuras en régimen de concesión a manos públicas, al tiempo que también culpó al PP de haber prolongado la concesión de la AP-9 25 años a mayores. Crítica con el modelo concesional, la parlamentaria advirtió que no existe suficiente control sobre el gasto que aducen afrontar en mantenimiento de las autopistas sus concesionarias. «Lo mejor sería revertir esas concesiones», manifestó, aunque sin aportar datos sobre cuánto costaría dicha medida. «Lo mejor sería revertir estas infraestructuras y dejar de pagar con dinero de todos los problemas de esas empresas y que actuasen a su riesgo y ventura», zanjó.
Solo otros tres grupos de la oposición se manifestaron sobre la propuesta del PP, siendo Vox la que mostró el apoyo más claro en palabras de su diputado Juan Carlos Segura, que estimó como razonable la congelación de precios, aunque consideró que el Ejecutivo es «incapaz de contener los precios y está incapacitado para bajarlos». Según su relato, el Gobierno central ha eliminado todos los peajes de las vías estatales de Cataluña, porque allí ganó las últimas autonómicas el PSOE, pero «en Galicia: machacar y hacer sufrir, un castigo a los gallegos porque allí gobiernan estos», dijo aludiendo al PP.
Desde Ciudadanos se calificó el debate como cíclico cada vez que hay elecciones en el horizonte, por lo que el grupo naranja pidió un debate sobre los peajes en todo el Estado. Ferrán Bel, del PDECat e integrado en el grupo Plural, advirtió que si la subida no la pagan los gallegos «tendrán que hacerlo el conjunto de los españoles y lo que le puede valer ahora a Galicia le pudo valer antes a Cataluña». Tras anunciar su abstención, pidió coherencia con el uso del IPC como criterio para marcar la evolución de los precios y no aceptarlo solo cuando convenga.
