Rueda exige al Gobierno que asuma con sus propios fondos toda la «brutal suba» en la AP-9
GALICIA
El presidente reclamará directamente al Ejecutivo que congele los peajes como se hará en las dos autopistas autonómicas, que tienen la misma empresa concesionaria. El PSdeG pedirá una reunión con Audasa
17 nov 2022 . Actualizado a las 22:16 h.El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó este jueves al Gobierno central que «reaccione» y asuma con fondos propios la «brutal suba» del 9 % de los peajes de la AP-9 prevista a partir del 1 de enero. Rueda planteó que el Ejecutivo debe seguir los pasos de la Xunta, que ha congelado las tarifas en la vías de su competencia. El Gobierno, insistió, «aínda está a tempo de rectificar» y transmitir a los usuarios de la autopista «a tranquilidade» de que «non vai haber esa subida e as taxas van estar conxeladas igual que fixo a Xunta».
La medida del Gobierno gallego se anunció en la presentación de los presupuestos del 2023. Rueda recordó que ese día manifestó su deseo de que el Ejecutivo central hiciese lo mismo en las autopistas de titularidad estatal. Señaló que esa solicitud se planteó varias veces más y se mostró abierto a reiterarla en caso de que el Gobierno central no tenga la «sensibilidade suficiente» para «darse conta» de que «non pode meter este aumento enorme, brutal, que se anuncia nas autopistas».
El presidente también señaló que «non se pode dicir que a culpa [del aumento de los peajes] é da concesionaria». Reiteró que el alza obedece a «unha decisión política». Las autopistas de la Xunta (la Vigo-Baiona y A Coruña-Carballo), recordó, tienen los mismos gestores que la AP-9. Se trata del grupo Itínere, de quien depende Audasa para la AP-9, Acega para la AP-53 Santiago-Lalín (que también sube, en este caso un 8 %), y Autoestradas de Galicia (las dos vías autonómicas). Aunque la concesionaria proponga esas subidas, es finalmente el Ministerio de Transportes el que ha de aprobarlo. Según Rueda, el Ejecutivo tiene una solución fácil: «Mesma concesionaria, mesma reacción». El Gobierno de la Xunta «reaccionó» y, «con cargo aos seus propios orzamentos», asumió el aumento de precios para que no lo sufran los usuarios. El coste de no subir precios en la A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona es de 4,8 millones.
En todo caso, el presidente no mostró muchas esperanzas de que el equipo de Pedro Sánchez aplique ese planteamiento. «O malo é que a reacción da Xunta de Galicia, que sería o desexable, parece ser, polo que estamos escoitando, que é complicado» que salga adelante. El motivo es que el Ejecutivo, lejos de anunciar la adopción de medidas, se ha limitado a señalar que «vai estudar o tema, que aínda queda tempo», explicó el titular de la Xunta, tirando de las palabras del delegado del Gobierno.
El presidente contrapuso esa actitud con la de su gabinete: «Tomamos a decisión [de congelar las tarifas] e o plasmamos no presuposto, creo que é como se teñen que facer as cousas». «É simplemente querer facelo e ter un orzamento no que plasmar as decisións», insistió.
La subida de las tarifas de la AP-9 es la segunda mayor de este siglo y su aplicación supondrá que el precio de algunos tramos se haya incrementado en más de un 80 % durante las dos últimas décadas. El encarecimiento se ha acelerado en los últimos años con el fin de pagar las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago.
El presidente de la Xunta no es el único que ha criticado el alza de los peajes. Comparten esa postura los alcaldes de A Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra y otros municipios menos poblados, y también los portavoces parlamentarios de BNG y PSOE.
Formoso solicita a Audasa una reunión urgente y culpa al PP del encarecimiento
El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, solicitará una «reunión urxente» con los responsables de Audasa, la concesionaria de la autopista AP-9, con el fin de discutir la subida de los peajes. Formoso reclamó además al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se siente a negociar con la compañía para evitar el citado encarecimiento.
El secretario general de los socialistas gallegos culpó al Partido Popular de la subida reclamada por la empresa, porque la concesión a Audasa «foi renovada 40 años» por José María Aznar cuando era presidente del Gobierno.
Formoso contrapuso esa decisión con las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la bonificación de los peajes en los viajes de vuelta en la AP-9 o los abonos gratuitos para el uso del transporte ferroviario.
El BNG convoca a la ministra
Por su parte, el Bloque ha registrado una solicitud para que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, comparezca ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso.
El objetivo del BNG es que la ministra explique la posición del Gobierno central acerca de la subida solicitada por Audasa, y también que detalle las medidas que va a adoptar el Ejecutivo con el fin de «paralizar» una subida que se produciría en un contexto de «crisis económica y social».
Los transportistas consideran la subida un agravio «en medio de una situación muy delicada»
La Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) ha advertido de que el sector, igual que empresas y resto de usuarios, sufrirá «un nuevo agravio con la subida tan escandalosa que se plantea para 2023 de los peajes de la AP-9, que sufrirían la segunda mayor subida del siglo, un 9 %». «Y más teniendo en cuenta que se trata de la principal vía de vertebración de la comunidad, que enlaza el norte y el sur de Galicia y de la situación económica general tan delicada que se está viviendo y que se espera que empeore en los próximos meses», añaden los transportistas.
Fegatramer recalca que esta subida llega después de que Audasa «lograra uno de los mayores beneficios de la década» y, aunque falta el visto bueno del Ministerio de Transportes, consideran que, de ratificarse el incremento superior al 9%, se perpetraría un atropello a Galicia y a sus ciudadanos.
Igualmente, apuntan que también sube la autopista AP-53 (Santiago-Dozón). «Para completar el desaguisado económico la AP-53 subirá un 8,38 % de los 6,15 euros a los 6,65, y siguen sin contemplar ningún tipo de descuento, algo único en toda España», lamentan los transportistas.