El presidente de la Diputación de Lugo afirma que la Xunta no tiene proyecto para su provincia

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Tomé compareciendo este jueves en comisión parlamentaria
Tomé compareciendo este jueves en comisión parlamentaria XOAN REY | EFE

Compareció en comisión parlamentaria para desgranar el presupuesto del organismo para el año próximo, que será de 110 millones de euros, un 10 % que en este 2022

03 nov 2022 . Actualizado a las 18:51 h.

El presupuesto de la Deputación de Lugo para el próximo año alcanzará los 110 millones de euros, un 10 % más que en este 2022, una subida que se debe al aumento de las aportaciones del Estado, que crecen en 10 millones. Al menos, así lo afirmó el presidente de la diputación lucense, el socialista José Tomé, que explicó que el objetivo del gobierno provincial, que integran PSdeG y BNG, es aprobar estas cuentas en el pleno antes de que acabe este mes de noviembre, para que estén en vigor en enero.

Tomé compareció este jueves por la mañana ante la comisión parlamentaria 3.ª de Economía, Facenda e Orzamentos, para informar sobre los presupuestos previstos para el 2023 por la Diputación lucense, tal y como había hecho horas antes su compañero de partido y homólogo en la Diputación de A Coruña, Valentín Formoso. Y como él, aprovechó la ocasión para criticar la actuación de la Xunta, asegurando que el Gobierno autonómico «non ten proxecto para a provincia de Lugo, e nin sequera executa as partidas que repite cada ano nos orzamentos». Frente a esa acusación, defendió que la diputación que preside tiene un nivel medio anual de ejecución de entre el 85 y el 90 %, y aseveró que su gestión presupuestaria se asienta en las políticas sociales, la cooperación con los ayuntamientos, el apoyo a los sectores productivos (destacó el primario y el turismo) y la mejora de la movilidad, frente a una Xunta que «non cre no público».

El presidente lucense explicó que un tercio del presupuesto provincial se destinará a políticas sociales. En esa línea, aprovechó para anunciar que este viernes se inaugurará una nueva residencia en Navia de Suarna, y antes de fin de año, se abrirá otra en Ribas de Sil. Con ellas, serán nueve los centros de atención a personas mayores en funcionamiento, de las que seis habrán abierto durante su mandato. «Como se explica que a Deputación de Lugo abra seis residencias en catro anos e a Xunta non fose capaz de construír nin a primeira?», se preguntó.

Otro tercio de las cuentas, alrededor de 30 millones de euros, se destinará al mantenimiento de los más de 4.200 kilómetros de la red de carreteras de la diputación, una cifra que el presidente contrapuso con los 10 millones que, según dijo, aporta el Gobierno autonómico.

Tomé también destacó los 21,5 millones de euros que el organismo provincial asigna para el Plan Único, a través del que reparte fondos a los 67 ayuntamientos de la provincia bajo criterios «xustos e obxectivos». Una afirmación con la que no estuvo de acuerdo el representante del PPdeG en la comisión parlamentaria, Daniel Vega, que aseguró que el reparto de esos fondos se hace según el «dedo divino» del presidente de la diputación lucense. En ese sentido, el popular afirmó que los municipios con alcaldía socialista se reparten el 63 % de los fondos del plan único, «as catro alcaldías que ten o BNG» se llevan el 5 %, y los concellos populares, el grupo «maioritario» en la provincia», reciben el 32 % restante.

Los otros dos grupos parlamentarios presentes en la comisión, PSdeG y BNG -los mismos que sostienen el Gobierno provincial lucense-, fueron más benévolos. La diputada del BNG, María del Carmen Aira, agradeció el buen nivel de ejecución presupuestaria de la diputación, y se sumó a las pullas a la Xunta achacándole falta de proactividad en servicios sociales. Aprovechó también para resaltar la necesidad de que se diseñe un plan de movilidad para la provincia.

Desde el PSdeG, Patricia Otero defendió que el reparto de fondos a los concellos sí se hace de modo objetivo, y consideró que el proceder de la Deputación de Lugo demuestra que hay «outra maneira de xestionar os recursos públicos», basada en la «transparencia», frente a la «opacidade, confrontación e busca de culpables» de la Xunta.