El exconselleiro Fernando Blanco reclama al Estado 232.000 euros por el daño que le hizo la instrucción de Pilar de Lara
GALICIA
El político lamenta que sean los ciudadanos quienes vayan a pagar la indemnización y no la jueza. Salió exculpado en el año 2018 tras decaer la causa contra él, parte del Caso Campeón
03 nov 2022 . Actualizado a las 19:01 h.La labor de la jueza Pilar de Lara Cifuentes durante su período en Lugo sigue dando que hablar. Esta vez, no por una sentencia, un archivo o un auto, sino por una reclamación monetaria. El exconselleiro de Industria durante el bipartito, Fernando Blanco, ha solicitado una indemnización de 232.528,33 euros al Ministerio de Justicia. El político se siente perjudicado por la instrucción de la magistrada, que lo mantuvo imputado entre los años 2011 y 2018 en el Caso Campeón. Esta investigación lo obligó a dimitir de su cargo como diputado autonómico por el BNG. Ahora, pide que el Estado le compense por el daño sufrido.
«Presentamos unha reclamación por danos ante o Ministerio de Xustiza este verán. Ahora, eles pedíronlle ao Consello de Estado que valore o asunto e decida se me deben indemnizar polo prexuízo que sufrín por parte da xuíza Pilar de Lara. O triste de todo é que todo isto débese a unha pobre instrucción, a unha pésima actuación xudicial», explica el exconselleiro a La Voz.
Una imputación con débiles cimientos
Trabajador de Telefónica, Blanco nació en Lugo en el año 1959. Ocupó la cartera de Innovación e Industria entre los años 2005 y 2009. En el año 2011, la jueza Pilar de Lara lo imputó en el Caso Campeón, un proceso que inició otra magistrada, Estela San José, pero del que ella recibió la causa que implicaba supuestamente al exconselleiro.
Decidió investigarlo tras unas palabras de Jorge Dorribo, el empresario que originó la causa y que afirmó que Blanco y otros políticos recibían comisiones a cambio de intermediar para concederle subvenciones a su empresa.
«Volvería a facer todo o que fixen. Dimitín porque sabía que a imputación prexudicaría ao meu partido en pleno proceso electoral»
Salió absuelto en el año 2018, al valorar la Audiencia de Lugo que no existían motivos para sostener una imputación solamente en las palabras de uno de los acusados. Unas palabras que, además, Dorribo retiró tiempo después.
Ahora, Fernando Blanco reclaman una indemnización al Ministerio de Justicia. El plazo máximo de que dispondrá el Consejo de Estado para elaborar su propuesta será de nueve meses. Tras esto, se decidirá si se indemniza al político y con qué cantidad.
Pagarán los ciudadanos, no Pilar de Lara
«O que realmente vexo mal é que, en caso de que me dean a razón e se me indemnice, faráse con cartos públicos, de tódolos cidadáns. Quen tería que pagar sería a xuíza, que foi a que exerceu de maneira irregular na súa actividade laboral. Se eu cometo un delito no meu ámbito, son eu o responsable. Estou moi en desacordo con que, neste respecto, non vaia a ser así», afirma el exconselleiro.
El político, exmiembro del BNG, dimitió en el año 2011, poco antes de las elecciones generales. Ya no era conselleiro, pero sí diputado en el Parlamento de Galicia, y preveía iniciar una carrera para senador. «Volvería a facer todo o que fixen», se reafirma ahora, «incluso sabendo que ía estar tanto tempo imputado».
«Tomei a decisión de dar un paso a un lado para non prexudicar ao meu partido a poucos meses dunhas eleccións, e penso que acertei. É certo que, naquel momento, pensaba que sería unha causa que duraría seis meses ou un ano, nunca case oito», añade el exconselleiro.
«A xuíza tiña algún tipo de interés que descoñezo en manterme imputado de forma artificial»
La instrucción de Pilar de Lara —encargada de macrocausas como la Pokémon o la Carioca—, según Blanco, quedó totalmente deslegitimada tras la sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «ratificada polo Supremo e polo Constitucional», añade el político, que se muestra sorprendido porque la magistrada pueda seguir ejerciendo en Ponferrada. «As súas investigacións baseábanse, moitas veces, en rumoroloxías. No meu caso, ignorou os informes das autoridades, de Vixiancia Aduaneira e da Axencia Tributaria, que me exculpaban da acusación. A xuíza tiña algún tipo de interés que descoñezo en manterme imputado de forma artificial», concluye el político.
La jueza se amparó en un detalle para investigarlo tan profundamente: un ingreso extraordinario que registró la cuenta de Fernando Blanco. Él siempre ha mantenido que, simplemente, ganó un importante premio en la Lotería.
La jueza trabaja ahora en Ponferrada
Pilar de Lara fue sancionada por el CGPJ en el año 2019. En un informe, el Poder Judicial afirmaba que sus instrucciones eran «descontroladas». Detectaron «muchas irregularidades», como paralizaciones o largos períodos de inactividad, no dictar resoluciones en plazos mínimamente razonables, diligencias que fueron consideradas «inútiles o prospectivas [buscar posibles delitos de cualquier tipo sin tener evidencia] y por ello inadecuadas» para el esclarecimiento de los hechos, apertura de piezas para no acordar ninguna actividad en ellas... Fue sancionada con siete meses y un día de suspensión de empleo y sueldo, lo que provocó la pérdida de su plaza en Lugo.
Poco después, consiguió un puesto en Ponferrada. Ahora, en Lugo hay un juez de refuerzo encargado exclusivamente de hacer progresar las macrocausas que dejó abiertas Pilar de Lara. La magistrada, hace unas semanas, anunció que recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para solicitar la revocación de su sanción.
En los próximos meses, en definitiva, el Consejo de Estado tendrá que deliberar si indemniza a Fernando Blanco, y con qué cantidad. En caso de que lleve razón, serán todos los ciudadanos quienes paguen el precio de una instrucción ya reprobada por los órganos más altos de la Justicia española.