El Gobierno aplaza sin fecha la reforma del modelo de financiación autonómica
GALICIA
El año electoral entorpece el debate tras un reparto de fondos histórico
23 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Nunca la Xunta había tenido un presupuesto tan alto. Serán 12.620 millones de euros, en los que el Estado aporta 9.400 a través del sistema de financiación autonómica, otro montante de récord. Pero el maná de fondos ante un año incierto por la crisis de precios y energética no tapa, para el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, la necesidad de reformar por fin el sistema que financia las comunidades, caducado desde el 2014. Así lo advirtió tras ser preguntado el jueves en la presentación del proyecto de Presupostos: «É preciso reformulalo. Non podemos estar ao albur dos calendarios políticos».
Corgos alerta sobre la «inestabilidadade» del modelo actual. Lo argumenta, por ejemplo, con las fluctuaciones en las liquidaciones anuales: negativa en 368 millones en el 2022, positiva en 698 para el año que viene. El conselleiro razona que esto impide contar con una senda de financiación «estable» de los servicios públicos fundamentales. «É preciso darlle unha volta», concluye.
Esa vuelta estaba prevista para las semanas siguientes al término del verano, pero no terminó de producirse. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a principios de agosto que el Gobierno iba a remitir a las comunidades autónomas una nueva propuesta de financiación vinculada a la población ajustada en ese plazo. Criticó, además, que los gobiernos autonómicos siguiesen «parapetados en el modelo de máximos que cada uno defiende», ya que comunidades de distinto signo político y latitud unieron esfuerzos para defender sus intereses en función de sus realidades.
Realidades incompatibles
Galicia conforma un bloque en el norte e interior del país junto a otras siete autonomías que piden centrar ese criterio de población en función del envejecimiento y la dispersión geográfica.
Hay otros dos grandes frentes: Andalucía y las regiones del Levante, que piden reorientar el modelo a las peculiaridades del coste por habitante y el impacto de la población flotante en los servicios públicos; y las más ricas (Madrid, Cataluña y Baleares), que estiman recibir un 17 % menos de lo que aportan. Los integrantes de cada sector comparten problemas más o menos homogéneos, pero las diferencias entre grupos son insoldables.
Todas ellas tuvieron hasta el 31 de enero de este año para presentar sus alegaciones a la primera propuesta que había hecho Hacienda para el cálculo de financiación según la población ajustada. Este término es el cálculo que se pretende hacer de cada territorio ponderando sus necesidades en función de determinados criterios demográficos. El objetivo es medir el gasto de cada autonomía de acuerdo a esta variable.
El siguiente avance llegó en julio, cuando Montero presidió el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera presencial desde la pandemia. El encuentro terminó con el anuncio de una financiación récord para las comunidades autónomas el próximo año: 134.336 millones de euros, un incremento del 24 % respecto a este ejercicio. Desde entonces, el debate sobre la reformulación del modelo ha quedado en el aire, más allá de las periódicas demandas de presidentes autonómicos.
Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que el departamento está ahora centrado en la tramitación de los Presupuestos del próximo año y que, además, el actual Gobierno habrá repartido un 40 % más de recursos a las comunidades de los que se transfirieron durante los cinco últimos años del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En concreto, 178.000 millones de euros más. Argumentan que la reforma del sistema se debe llevar a cabo junto a las comunidades, lo que necesita «un elevado nivel de consenso».
El año electoral
«Si se intenta poner a todas las autonomías de acuerdo es difícil. No hay por qué hacerlo así: está el Congreso para tomar esas decisiones». Al teléfono responde Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El economista sugiere así recuperar el informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica del 2017, constituido por el Consejo de Ministros y de la que él formó parte, «como punto de partida y negociar entre partidos». «Luego será momento de valorar con las comunidades, pero es necesaria una ley pensada en todos y equitativa. Sin tira y afloja», añade.
De la Fuente estima que el año electoral que se abre con los comicios municipales y autonómicos de mayo hará «difícil» retomar el debate, que quedará aparcado, como mínimo, hasta el 2024. «No es una buena idea aplazarlo tanto, pero también hay que tener en cuenta las circunstancias», concede el experto tras las crisis abiertas por el covid y la guerra en Ucrania.
Un sistema caduco desde el 2014 aún vigente por elecciones, el covid y la guerra
La última reforma del sistema se acordó en el 2009, pero la norma establece que debe revisarse cada cinco años, de ahí que sume ya ocho caducado. La comisión de expertos creada por el Gobierno planteó en el 2017 la constitución de dos fondos: el básico de financiación, formado por la recaudación de recursos propios y cedidos de las comunidades; y el fondo de nivelación vertical, con recursos aportados por el Estado a repartir entre las comunidades para reducir la desigualdad. Las conclusiones y propuestas del grupo de economistas siguen guardadas en el cajón.
La propia secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz de Moraga, admitió en sede parlamentario la frustración del Gobierno por la demora en la reforma del sistema de financiación, que atribuyó a la crisis de la pandemia y la invasión rusa en Ucrania. «Entiendo la frustración, también la tengo yo», reconoció el martes Olóndriz durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde recordó que el informe de la comisión de expertos fue analizado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 7 de febrero del 2020. Semanas después, el 14 de marzo, se decretó el Estado de Alarma como consecuencia de la crisis sanitaria del covid. Le siguió este año la incertidumbre y crisis de precios generada por la guerra en Ucrania. Aún así, la secretaria garantizó que la reforma no se ha aparcado «ni mucho menos» y que a la gran «complejidad técnica» se suma «la complejidad en la parte política».