Los trabajadores fijos de la Xunta que no se acogen a la funcionarización tienen pocas opciones de traslado; más de mil ya se han hecho funcionarios
02 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Pilar (que prefiere no dar su nombre real) lleva 23 años siendo personal laboral de la Xunta. Su plaza está a 70 kilómetros de su lugar de residencia. Lo que no era un problema cuando la aceptó, se convirtió en una complicación al tener personas a su cargo de las que tiene que cuidar. Esperando por un concurso de traslados que no llega (el último para personal laboral se convocó hace una década y la Administración no da noticias sobre el siguiente), solicitó una adscripción temporal en una plaza más cercana a su vivienda por necesidades de conciliación. La obtuvo, y en ella ha estado los últimos dos años. Pero ha sido imposible renovarla. Y es que tras el proceso de funcionarización abierto por la Administración autonómica, esa plaza ya solo se ofertará a personal funcionario. Y ella sigue siendo laboral. Porque Pilar es una de tantas que prefirió no cambiar su vínculo con la Xunta, temiendo que perdería poder adquisitivo por las diferencias en el pago de trienios o pagas extra.
Así que ha tenido que reincorporarse a su plaza y con ello han vuelto las dificultades para combinar los traslados diarios a su trabajo con el cuidado de quienes la necesitan. Con la diferencia de que ahora ve casi imposible que se solucionen. «Ahora se nos complica muchísimo la movilidad porque muchas de las plazas que salen son de funcionario, y los laborales no podemos acceder a ellas. Yo miro todo los días por si de chiripa sale alguna, pero nada. Nos dejan con las manos atadas. Me veo atrapada en una jaula sin salida», se queja.
Su caso no es único. Concurso de traslados aparte, la restricción de las opciones de movilidad es una consecuencia natural de ese proceso de funcionarización que arrancó a finales del año 2020 y al que se calcula que pueden optar unos 6.000 trabajadores contratados como personal laboral fijo en la Administración autonómica y otros entes como el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
2.600 plazas funcionarizadas
Según datos de la Consellería de Facenda, ya se ha completado la funcionarización de casi mil empleados públicos, y están en marcha procesos que afectan a otros 1.900. Además se han modificado las relaciones de puestos de trabajo (RPTs) de varias consellerías, transformando el código de las plazas para cambiar el tipo de empleado público que las puede cubrir. Con esas adaptaciones, un total 2.648 puestos que antes eran para personal laboral son ahora plazas que deben cubrirse con funcionarios de carrera.
Tanto los funcionarios como el personal laboral fijo tienen una relación estable con la Administración y plaza en propiedad, pero los primeros se rigen por la normativa laboral y los segundos, por la ley de empleo público.
¿Qué sucede con quienes no se acogen a ese cambio de vínculo con la Administración y quieren seguir siendo personal laboral? Lo primero es que tienen todo el derecho a hacerlo. El cambio es voluntario. Quienes no se acojan, mantendrán la plaza que tienen en propiedad, incluso aunque ese puesto sí se haya funcionarizado. Eso sí, cuando esa persona se jubile o abandone la plaza, el siguiente en ocuparla sí será un funcionario de carrera. Pero mientras tanto, el dueño actual puede seguir siéndolo, aún manteniendo el vínculo de tipo laboral con la Xunta.
Movilidad reducida
Sin embargo, los sindicatos discrepan sobre si los trabajadores que se funcionarizan pierden o no derechos, al menos de facto. Las opciones de movilidad son una de esas prerrogativas que se mantienen en teoría, pero que se ven mermadas en la práctica. «Consérvase o dereito, claro, pero na práctica está atenuado. É unha consecuencia directa do volume de persoas que decidiron funcionarizarse. Ao haber menos persoal laboral, hai menos posibilidades de moverte dentro del. Aínda que saian concursos ou adscricións temporais, a cantidade de prazas ás que podes optar son moitas menos, porque tamén hai menos traballadores cos que se intercambiar», explica Javier Lareu, de CC.OO.
Más contundente es Juan Carlos Rivas, de CSIF. «Las posibilidades de moverse quedan muy reducidas, prácticamente te ves abocado a quedarte a morir en tu puesto, lo más fácil es que no te puedas mover de él en tu vida. Y el concurso de traslados no creo que llegue a convocarse nunca. En todo caso, tendría que haberse hecho antes, porque ahora, aunque se convoque, se hará con el personal que quede, por lo que las opciones van a estar absolutamente restringidas», explica.
Esa es una de las cuestiones por las que Rivas pone en duda el carácter verdaderamente voluntario del proceso. Considera que además de la dificultad para obtener traslados o adscripciones temporales, algunos empleados pueden sentirse forzados al cambio para no perder ciertos incentivos económicos como algún complemento de carrera. «Puede que no le pase al cien por cien, pero si le pasa al 20 % también hay que tenerlo en cuenta», dice.
Frente a eso, Lareu, de CC.OO., defiende que en el acuerdo firmado entre Xunta y sindicatos hay un compromiso para que las retribuciones, los derechos y las condiciones de trabajo se mantengan, aunque esas personas pasen a regirse por la Lei de Emprego Público. «Obviamente, ao pasar a funcionarios, pasan a estar regulados por unhas normas distintas, nin mellores, nin peores, distintas. O que temos que pelexar agora é para que cousas positivas que tiña o persoal laboral podan facerse extensivas ao resto do funcionariado», dice. ¿Qué cosas serían? Cuestiones como hacer las comisiones de servicio de los funcionarios igual de transparentes y organizadas que las adscripciones temporales de los laborales, o habilitar el acceso a trabajos de superior categoría (que un funcionario en activo pueda optar a sustituir de manera temporal a otro de rango superior si tiene la titulación adecuada). Lareu también aboga por unificar el pago de los trienios para ir hacia un modelo único.
Condenados a extinguirse
En lo que sí concuerdan CC.OO. y CSIF es en que ir hacia una Administración más homogénea, con un único tipo de vínculo es positivo, y que el funcionarial es el que da más seguridad y estabilidad al empleado. Ambos corroboran también que, tal y como se han planteado las cosas, el personal laboral es una especie condenada a la extinción. «Sen matices. A intención é ir cara un único tipo de relación entre a Administración e os seus traballadores. A funcionarización vaise seguir ofertando. E aínda que queden unha minoría de empregados con vínculo laboral, no momento en que esas persoas se xubilen ou se vaian, a súa praza vai ser ocupada por un funcionario», resume Lareu.
Laborales con turnos marcados por convenio junto a funcionarios sin acuerdo regulador
El proceso de funcionarización sigue abierto y a él se incorporarán próximamente nuevas categorías. Una de las áreas que aún está en proceso es, por ejemplo, la de los servicios de extinción de incendios. Cuando los miembros que así lo hayan elegido tomen posesión como funcionarios, CSIF avanza un nuevo problema. «Estamos insistindo en que antes de que se faga ningún cambio de vínculo hai que negociar e poñer por escrito en qué condicións se vai prestar servizo, precisamos un acordo regulador», indica Juan Carlos Rivas. Y es que cuestiones como las guardias, los turnos, el máximo de horas de trabajo continuado o la periodicidad de los descansos estaba regulado por un convenio. Pero esa es una figura del derecho laboral. Quienes se hacen funcionarios, dejan de estar afectados por esa normativa y pasan a regirse por la Lei de Emprego Público de Galicia. «Que vai pasar cando se incumpran os horarios ou os descansos? Se un funcionario pretende ir cun convenio ao xulgado vanse rir del», vaticina el sindicalista, que indica que los funcionarizados dejan de estar cubiertos por el convenio, pero sin reglamento alternativo al que aferrarse. Al tiempo, los laborales que queden compartirán cuadrilla con compañeros que no tienen regulados los mismos derechos y obligaciones, lo que puede ser fuente de conflictos.