El PP quiere que el Parlamento gallego demande penas efectivas de cárcel contra los okupas
GALICIA
Defiende hasta cinco años de cárcel por usurpar un inmueble sin uso
29 sep 2022 . Actualizado a las 20:47 h.La mayoría de las Cortes ya se manifiesta a favor de endurecer las penas contra quienes usurpan o allanan viviendas. A las demandas que en ese sentido han presentado partidos como el PP, Vox o Ciudadanos, o en anteriores legislaturas también CiU, se ha sumado también ahora el PSOE, que ya baraja implantar un plazo máximo de 48 horas para desalojar a los okupas de los inmuebles asaltados. El cambio de rumbo socialista coincide con una iniciativa del PPdeG que pretende que el Parlamento gallego demande al Gobierno central la instauración de penas efectivas de cárcel incluso para los que se instalen en inmuebles sin uso y vacíos, práctica que constituye un delito de usurpación, ahora considerado como leve.
Si los socialistas han dejado constancia de su nueva postura en forma de enmienda al proyecto de Ley que tramita el Congreso sobre organización del trabajo judicial, los populares gallegos lo hacen como una proposición no de ley para su debate en la cámara autonómica. Los populares se hacen eco de los cálculos de la Federación de Empresas Inmobiliarias de Galicia, que cifra en 600 el número de inmuebles okupados en la comunidad, un 15,3 % más que un año antes. Ante esas magnitudes, el partido del Gobierno gallego estima que se debe de condenar con entre 3 y 5 años de prisión las usurpaciones de inmuebles y se intensifiquen las penas a los integrantes de grupos que se dediquen a facilitar acceso a viviendas a terceros o cobren por asaltarlas.
El PPdeG busca además que se asegure legalmente el desalojo inmediato de las viviendas okupadas en el caso de que se descubra el asalto en flagrante delito, y si no se advierte en el momento de la entrada en el domicilio, dar un margen máximo de 24 horas a las fuerzas del orden para recuperarlo. La aplicación de penas de entre 3 y 5 años de cárcel permitiría acordar medidas cautelares a los jueces, como el mismo desalojo. Los populares también reclaman que se prohíba empadronar y acceder a beneficios otorgados por las administraciones a los okupas. «A un okupa non se lle desafiuza, desalóxase, e ao vulnerable protéxeselle, sen que o Estado traslade á cidadanía as súas propias responsabilidade», señalan en su iniciativa los populares.
El plazo de 24 horas que defiende el PPdeG, es incrementado a 48 en el caso del PSOE, tanto para las okupaciones menos frecuentes de viviendas habituales, como en los casos de usurpación de inmuebles sin uso. Consideran ahora sí los socialistas que la okupación prolonga en el tiempo el delito hasta que haya una sentencia condenatoria, por lo que se mantiene el perjuicio para las víctimas durante un largo período sin que se tomen medidas cautelares para evitarlo.
El desalojo en 48 horas ya había sido rechazado en el Congreso por el PSOE tras haberlo propuesto tanto el PP con Pablo Casado como desde Ciudadanos. La enmienda registrada en la cámara baja por los socialistas coincide en todo caso en el tiempo con la negativa que el Gobierno ha dado en Galicia a través de su delegado y las subdelegadas en A Coruña y Pontevedra de que la okupación sea un problema en la comunidad. José Miñones cifra en 110 el número de propiedades okupadas en toda Galicia, y las subdelegadas señalan además que «en un 70 % se registran en viviendas abandonadas o vacías que son propiedades de bancos o grandes tenedores», restando así trascendencia a la posible afección a particulares.
La Xunta ya ha mostrado su desacuerdo con dicha afirmación a través de la conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, quien explicó al propio delegado del Gobierno en Galicia los perjuicios que las okupaciones generan a las comunidades y vecinos de los inmuebles asaltados, independientemente de que su dueño sea un banco. Entiende Vázquez que se debe otorgar a las comunidades de vecinos el derecho de actuar judicialmente como afectados para instar desalojos en las primeras horas del asalto. En dicha reunión Vázquez planteó también a Miñones que transmita al Gobierno la exigencia de la Xunta de regular el desalojo inmediato y endurecer las penas como medida de disuasión y para «acabar coa sensación de impotencia dos afectados».
