Entre las propiedades que reclaman está el sarcófago de Emilia Pardo Bazán
21 sep 2022 . Actualizado a las 23:13 h.Los nietos del dictador Francisco Franco quieren ir a por todas. En la misma semana en la que volvieron a poner a la venta la casa Cornide de A Coruña, también han presentado un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña relativo a la permanencia en las torres de Meirás de 132 bienes de los 697 inventariados. Dicho auto expresó que estos son elementos «inseparables» de la propiedad. Elementos que el Código Civil califica de inmuebles, por destino o incorporación. Por tanto, instalados con vocación de permanencia en la que fue la casa de Emilia Pardo Bazán.
Los seis nietos del dictador, entre ellos, Carmen y Jaime Martínez-Bordiú, no lo ven así y quieren recuperar, en concreto, 49 piezas. La mayoría son elementos escultóricos del jardín de Meirás y de la capilla, entre ellos, el sarcófago encargado por la escritora Pardo Bazán para que depositaran en él sus restos, aunque finalmente fue sepultada en Madrid.
«Imos pedir medidas cautelares e que o Estado formule unha demanda que impida a saída destes bens das torres», adelanta el alcalde de Sada, Benito Portela. La herida por Meirás está todavía lejos de cerrarse para los herederos de Franco.
Según la demanda, los Martínez-Bordiú Franco sienten que están «sufriendo la incautación insólita, inexplicable y contraria a Derecho, de su bienes a través de un depósito a favor de la Administración General del Estado». Según lo redactado por la abogada de la familia, «mis clientes no han podido retirar sus pertenencias, sus muebles, sus papeles, sus cuadros, sus objetos de culto religioso (ni siquiera aquellos que el Estado no reclama)».
Aparecen en una fotos antiguas»
En esta parte, la demanda se refiere al hecho de que los Franco no solo no han tenido acceso a las 132 piezas contempladas en el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, y que estimó casi en su totalidad la cuestión incidental planteada por la Administración General del Estado relativa a los bienes de Meirás, sino que tampoco pueden recuperar el resto.
Además, los Martínez-Bordiú Franco también esgrimen que el auto de la sala coruñesa se basa en cuestiones incidentales para justificar la permanencia de esos bienes tales como que aparecen «una foto antigua» . En su recurso, de 45 páginas, detallan: «La Administración General del Estado y, esencialmente, su coadyuvante Xunta de Galicia, han encontrado una estrategia para soslayar el cumplimiento de la terminante resolución judicial y continuar pretendiendo (ahora por vía incidental y con pocas novedades) aquello mismo que ya les fue denegado en la pieza de cautelares, es decir, la desposesión de una pluralidad de objetos muebles de aparente interés artístico (en algunos casos notoriamente discutible) como elementos pétreos, blasones, estatuas, relojes de sol o incluso mobiliario de piedra cuya única significación artística es la de su ubicación en un lugar o aparecer en una foto antigua».
Titularidad pública
Desde el Ayuntamiento sadense, donde está la propiedad, insisten en su postura. «Solicitan retirar xa todos os mobles que non foron obxecto do incidente do Estado, pero que desde o Concello consideramos que deben permanecer dentro do ben de interese cultural (BIC) e deberían de ser de titularidade pública».
Desde el gobierno local hablan del «risco de que poidan retiralos, provocando a perda da integridade patrimonial e cultural do sitio histórico», por eso, instan al Gobierno central «á inmediata presentación da demanda sobre a titularidade dos bens mobles que piden retirar os Franco, demanda, que debería incluir a solicitude de medidas cautelares que impidan a retirada dos bens que o Estado non reclamou no seu incidente».
Para dicha demanda, añaden desde el consistorio, «é fundamental que incorpore como proba o riguroso informe pericial realizado por Manuel Pérez Lorenzo, no que se acredita a orixe, permanencia e destino ao servizo da xefatura do Estado tanto dos bens procedentes de Pardo Bazán como dos incorporados polo Estado desde 1938 e ata 1975. Bens todos eles que gozan da condición de dominio público e, por tanto, son propiedade do Estado». La presentación de la demanda, dicen, es cada vez más «necesaria e urxente»
