El Congreso prohíbe usar maquinaria en zonas con alto riesgo de incendios
GALICIA
La nueva norma homogeiniza la prevención y respuesta ante el fuego
25 ago 2022 . Actualizado a las 18:12 h.El Congreso aprobó esta tarde el real decreto-ley de medidas urgentes frente a los incendios acordado en el Consejo de Ministros del 2 de agosto, que reforma la actual ley de Montes. La norma pretende reforzar la defensa forestal durante todo el año «en un contexto de riesgo de incendios incrementado», homogeneizando entre administraciones la prevención y respuesta ante los fuegos. Todas las comunidades deberán publicar sus planes de prevención, vigilancia y extinción cada año antes del 31 de octubre. Se establece también un catálogo mínimo de prohibiciones y sanciones en caso de incumplimiento que las comunidades deben aplicar si el riesgo es muy alto o extremo. La votación, que ha contado con 348 votos emitidos, ha tenido 265 votos a favor, 6 en contra y 77 abstenciones.
Coordinación
Mejor comunicación. Se refuerza la coordinación institucional para asegurar una interacción eficaz entre diferentes equipos, independientemente de la administración a la que pertenezcan. Habrá una calificación homogénea de las unidades de extinción, un protocolo de coordinación común para medios aéreos, señales de radio unívocas y una simbología uniforme para mapas operativos, entre otras medidas.
Desde el estado
Medios todo el año. El Estado se compromete a mantener activos, a lo largo de todo el año, el dispositivo de medios aéreos, las unidades de refuerzo helitransportadas y los restantes medios de apoyo a disposición de las comunidades autónomas. Incluye la Unidad Militar de Emergencia, cuyos 4.000 miembros participaron en las decenas de grandes incendios sufridos este verano en todo el país. También lo hicieron en Galicia en los fuegos de Caldas de Reis, Verín, Boiro, O Courel o Valdeorras.
Planes autonómicos
Respuesta unánime. Los planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios deberán ser aprobados y publicados por las comunidades autónomas antes del 31 de octubre de cada año, aplicándose de manera ininterrumpida durante los doce meses en todos los territorios. La intención es que la respuesta de las comunidades sea lo «más homogénea» posible frente a los incendios. El real decreto amplía así el contenido mínimo de los planes para establecer la dotación, medios materiales y equipamientos de los que deben disponer los trabajadores que participen en las labores de prevención y extinción del fuego.
Prohibiciones
Un catálogo de mínimos. La normativa introduce un catálogo de prohibiciones que las comunidades deberán aplicar cuando la Agencia Estatal de Meteorología emita una alerta roja por riesgo muy alto o extremo de incendios.
En este contexto, se prohíbe encender fuego en todo tipo de espacios abiertos; quedan suspendidas temporalmente todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda, y de restos selvícolas; el encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello; la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas; la introducción y uso de material pirotécnico; y arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio.
Restauración
Financiar la colaboración. Otro punto que busca la reforma es consolidar el mecanismo cooperativo para la restauración forestal y medioambiental de las zonas quemadas. Las comunidades participarán financieramente en la restauración hasta un máximo del 50 % de los costes, salvo que se trate de terrenos de titularidad estatal, cuando la superficie quemada sea superior a las 10.000 hectáreas, o 5.000 si el 70 % del terreno es arbolado.
Adicional
Ayudas en la ría do Burgo. El real decreto-ley incluye una disposición adicional donde se fija el monto total de las subvenciones a mariscadores afectados por el cese temporal de actividad por el dragado de la ría do Burgo. El acuerdo fija un monto total de las subvenciones en un máximo de 3,6 millones de euros, desde el 11 de febrero hasta que finalice la obra.
