La detección de irregularidades urbanísticas supera ya los niveles anteriores a la pandemia
GALICIA
La agencia de la Xunta encargada de la vigilancia propició la demolición de 110 construcciones ilegales el último año
22 ago 2022 . Actualizado a las 18:18 h.La pandemia lo paró todo. También las irregularidades urbanísticas, al ralentizarse las obras durante el confinamiento. Pero también la capacidad de inspección de organismos como la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). La memoria anual de esta institución, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, refleja tanto el parón durante los meses más duros de la pandemia como la resurrección de las irregularidades urbanísticas en el 2021, el ejercicio que analiza la memoria de la agencia de la Xunta. Así, la APLU incoó 344 nuevos expedientes el año pasado, muy por encima de los 215 que se iniciaron en el 2020. Lo interesante es que las irregularidades detectadas superan ya las del 2019, el último año prepandemia, cuando se incoaron 326 expedientes, dieciocho menos que en el 2021.
Respecto a los expedientes resueltos —algunos de ellos con un recorrido judicial posterior—, Pontevedra sigue siendo la provincia más conflictiva respecto a las irregularidades urbanísticas o al respeto del dominio público costero, con 207 casos. Ourense, por el contrario, es el territorio con menos (23), después de A Coruña (51) y Lugo (60). El ejercicio pasado fue muy productivo respecto a los expedientes resueltos, con 341, muchos más que el año central de la pandemia (207), y superando también los del 2019 (335). En todo caso, estos registros quedan lejos de la etapa con más actuaciones urbanísticas irregulares, que es la comprendida entre el 2014 y el 2016, cuando se superaban con creces los 400 casos.
Las sanciones
Pese a que en la provincia de Pontevedra es donde se resolvieron más expedientes, es en la de A Coruña donde se impusieron más multas coercitivas: 112 de un total de 276 en toda Galicia. Estas multas van subiendo cada tres meses, desde 1.000 a 10.000 euros, con el objetivo de que sean los propios propietarios los que repongan la legalidad urbanística. Si es la Xunta la que finalmente tiene que asumir la demolición, le pasa la factura a los infractores.
Estos incumplimientos se dan sobre todo en suelo rústico, donde está absolutamente prohibidas las construcciones, pero también las viviendas móviles o las tradicionales de fin de semana. Las sanciones se redujeron sensiblemente desde los primeros años de funcionamiento de la agencia, cuando los importes se acercaban a los siete millones de euros (entre los años 2009 y 2011). En los últimos ejercicios apenas superan el millón.
El año pasado no fue un período especialmente productivo en cuanto a demoliciones; se ejecutaron 110. Parece que los años de vigilancia están dando sus frutos y la gente se lo piensa a la hora de cometer una infracción urbanística. Solo hay que comparar esa cifra con los años más duros de lucha contra el urbanismo salvaje. En el 2018 hubo 210 demoliciones (reposiciones de la legalidad, en la jerga administrativa). Y el año anterior, 205. En lo que sí se batieron récords en el 2021 es en el número de procedimientos judiciales, cerca de 400, al acumularse casos detectados hace años.
