La Xunta y el Consello de Contas chocan por los «chiringuitos» de la Administración
GALICIA
El organismo fiscalizador los cifra en 116, mientras que la Xunta defiende que son solo 69, al utilizar criterios diferentes para definir cuáles son las entidades que dependen del Gobierno gallego
11 ago 2022 . Actualizado a las 17:44 h.¿Cuántos chiringuitos sobreviven en Galicia después del amplio recorte que forzó la crisis de deuda que se inició en el 2008? ¿Cuáles son los criterios para definir a estas entidades dependientes de la administración autonómica, muy cuestionadas por su menor transparencia o por su utilidad real? El último informe del Consello de Contas sobre este asunto cifra estos entes dependientes de la Xunta en 116 a fecha de enero del 2021. Es decir, uno menos que el ejercicio anterior, aunque en Contas admiten que «o número de entes públicos é unha variable pouco representativa da importancia do sector», pues lógicamente el énfasis ha de ponerse en el gasto o en el presupuesto del que disponen. Y este ha disminuido ligeramente, pasando de 1.762,6 millones en el 2019 a los 1.737 del 2020 (el último año analizado por el Consello de Contas). Pese a este descenso y a la reducción considerable de estas entidades a partir del 2011 —antes había 160— su presupuesto creció en los últimos años «pola xeneralización do modelo de axencia», se asegura en el informe. Entre ellas, la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), una de las que manejan mayor presupuesto al encargarse de obras de infraestructuras viarias, hospitales y centros de salud, entre otras.
Sin embargo, en sus alegaciones al informe, la Xunta cuestiona el número de entidades del sector público autonómico, que el Consello de Contas basa en el Ivente (Inventario de Entes del Sector Público), una recopilación realizada por la Intervención General del Estado. Argumentan que «moitas» de las entidades incluidas en ese listado difieren de los criterios establecidos en la ley del 2010 sobre la organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia (Lofaxga). Pone como ejemplo los consorcios y las fundaciones, que están adscritos formalmente a la comunidad «pero sen que a dita adscrición supoña a súa integración no sector público».
Por tanto, desde la Dirección Xeral de Simplificación Administrativa —dependiente de la Consellería de Facenda— se insta al Consello de Contas a corregir la cifra de las 116 entidades y tomar como referencia las 69 entidades que figuran en el listado de entidades del sector público que está publicado en el portal de transparencia de la Xunta. «Non pode compartirse a afirmación de que a 1 de xaneiro do 2021 Galicia tiña 116 entidades pertencentes ao sector público autonómico, se parte destas entidades non cumpren os criterios delimitados pola Lofaxga para ter tal consideración», concluye la alegación del Gobierno gallego.
Sin registro
En sus conclusiones, el Consello de Contas recrimina precisamente a la Xunta que, pese al tiempo transcurrido desde que se aprobara esa ley —diciembre del 2010—, no pusiera en marcha el registro de entidades dependientes que está previsto en la norma. Y no acepta la alegación del Gobierno gallego, pues aseguran que recurren al listado del Invente por ser el único registro público disponible «para facer unha comparación homoxénea co resto das comunidades autónoma, xa que a Xunta non constituíu o seu como era preceptivo». En otro apartado del informe, el Consello de Contas incide en el problema de la falta de un registro. «Esta eiva, que converte a Galicia nunha excepción dentro das comunidades autónomas, dificulta a delimitación das entidades que segundo a nosa normativa deben ter a consideración de sector público autonómico e introduce un risco potencial derivado da falla de aplicación das obrigas propias das entidades integrantes do sector público», aducen. Así, Galicia se sitúa entre las comunidades con más entes asociados, pese a suprimir 44 en los últimos diez años. Se sitúa en sexta posición después de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Madrid y la Comunidad Valenciana.
En su informe, Contas repasa una serie de riesgos o incertezas que ha encontrado en la también llamada Administración paralela, como son las sucesivas aportaciones de capital —229 millones entre el 2014 y el 2019— que la Xunta inyectó en Xestur (sociedad para la gestión urbanística) ante el volumen de obra en curso de la entidad. También se pone la lupa en la participación de la Xunta en sociedades de capital riesgo, a las que transfirió 251 millones de euros con pérdidas acumuladas de 145 millones (el 58 % de los fondos). Y por último, llama la atención sobre la política de préstamos y avales del Igape, que cuentan con un «importante» nivel de morosidad.
La nueva recomendación del Consello de Contas —hay una serie de consejos que fueron aceptados por la Xunta en estos años que aún están pendientes de aplicación— consiste en que se deberían aplicar los patrones de la transparencia a las entidades en las que la Xunta es accionista o socio de referencia.
La mayoría rindieron sus cuentas en plazo
Con carácter general, la mayoría de las entidades públicas dependientes de la Xunta rindieron sus cuentas anuales en plazo, aunque hay 22 que no aportaron sus balances. Se trata de cinco sociedades públicas, quince fundaciones y dos consorcios. No obstante, el Consello de Contas ha detectado «deficiencias» en algunas de las memorias presentadas.
