El abogado de la familia de las víctimas pide prisión permanente para Abet por el triple crimen de Valga
GALICIA
Asegura que no hay dudas de que el acusado actuó con «absoluta premeditación»
07 ago 2022 . Actualizado a las 21:33 h.El 18 de julio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis solicitó a las partes implicadas en el proceso por el triple crimen de Valga que elevasen sus escritos de conclusiones. Así acaba de hacerlo la acusación particular, que el letrado Manuel Martín García ejerce en representación de la familia de las víctimas. El abogado no duda en pedir la prisión permanente revisable para José Luis Abet por el asesinato de su exmujer, Sandra Boquete, su hermana Alba y Elena Jamardo, la madre de ambas, en presencia de sus dos hijos pequeños.
Se trata del paso previo para la apertura del juicio oral por el escalofriante episodio que se desarrolló el 16 de septiembre del 2019, a primera hora de la mañana, en el pequeño lugar de Carracido. El único obstáculo que se interponía en la convocatoria de la vista estribaba en la petición de una prueba telefónica que hubiese demorado aun más el procedimiento y ha sido rechazada tras un cambio de titularidad en el juzgado que instruye el caso.
Para la acusación particular, no existe ninguna duda de que Abet actuó con absoluta premeditación. Las tres muertes constituyen, en su opinión, tres delitos de asesinato con alevosía y el agravante de razones de género, por lo que correspondería aplicar al acusado el régimen de prisión permanente. A esta imputación le suma un delito de tenencia ilícita de armas, penado con tres años de cárcel, por la posesión de la pistola del calibre 32 largo con la que el individuo efectuó quince disparos sobre sus víctimas. Además, otros diez años por cada uno de los dos delitos de lesiones psíquicas graves que el letrado aprecia sobre los dos hijos de la pareja, que asistieron a la mascare y entonces tenían cuatro y siete años. De forma coherente con ello, solicita también que al autor confeso del crimen se le prive de la patria potestad de los pequeños, a cada uno de los cuales debería indemnizar con trescientos mil euros. El escrito recoge la misma cantidad para el abuelo de los niños, que se encarga de su cuidado, y cifras inferiores para otros miembros directos de su familia.
La acusación de la familia de las víctimas constituye, por razones obvias, una de las partes nucleares del juicio que se avecina, junto a la acusación pública que ejerce el Ministerio Fiscal. Su escrito está en fase de redacción, pero hace meses trascendió que también la Fiscalía apreciaba indicios suficientes como para recurrir a la figura de la prisión permanente revisable. Lo mismo sucede con la acusación popular, que en este caso recae en la fundación Amigos de Galicia y sí ha presentado sus conclusiones con idéntica petición.
