La Justicia gallega afronta el nuevo curso con el reto de la digitalización
GALICIA
Da por superados los efectos del parón judicial durante la pandemia
31 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.A finales del año pasado los juzgados gallegos tenían 156.000 asuntos pendientes de resolver. Es una cifra similar a la que había en el 2019, año previo a la pandemia que se viene tomando como referencia para realizar valoraciones más cercanas a la realidad sobre los efectos que la pandemia tuvo en numerosos sectores, en este caso en el de la Justicia. Otro dato, en el 2021 los juzgados y tribunales gallegos resolvieron más de 330.000 procedimientos, un 2 % más que en el 2019. ¿Significa eso que han quedado atrás los efectos de la pandemia, que paralizó la actividad judicial durante meses? Son datos positivos, como explica José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia: «Las cifras demuestran que los órganos judiciales de la comunidad superaron en el 2021 los efectos de la crisis sanitaria, durante la que se paralizaron los plazos procesales». En esa valoración influye también que la entrada y la resolución de asuntos aumentaron en todas las provincias y en todas las jurisdicciones.
El presidente del TSXG destaca el esfuerzo de jueces, fiscales, letrados de Justicia, funcionarios y del resto de operadores jurídicos en la recuperación de la actividad tras las duras restricciones de la crisis sanitaria. Pero también destaca el avance experimentado en el uso de las nuevas tecnologías, «lo que ha permitido a los jueces ser más eficientes y avanzar en el objetivo de conseguir una Administración de Justicia que responda a las demandas de la sociedad, que evolucione con ella y que sea más ágil, rápida y eficaz».
Ese deseo es compartido por la Xunta, que tiene en marcha el plan tecnológico Senda 2025 para la modernización tecnológica de la Administración de Justicia en Galicia. Ese plan busca «a consolidación dixital da Xustiza para facela máis próxima aos cidadáns», explican desde la Consellería de Xustiza. Esa proximidad se pretende conseguir mediante «a plena relación telemática dos cidadáns e dos axentes relacionados coa Xustiza e a consolidación dun expediente xudicial electrónico interoperable e accesible».
El objetivo es claro y está definido y, de hecho, se ha avanzado mucho. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Es cierto que hoy los jueces firman digitalmente las sentencias y que pueden trabajar desde cualquier sitio que tenga conexión a Internet sin tener que llevarse maletas de papeles a sus casas. Pero también es cierto que queda mucho por hacer. Por ejemplo, sigue habiendo fallos en las transmisiones por videollamada durante los juicios. Y que todo funcione depende muchas veces de la buena voluntad del funcionario encargado de encender los ordenadores de la sala para que el sonido llegue en buenas condiciones o para que se pueda identificar al testigo o al acusado que declaran a distancia. Por eso a veces parecen muy lejana la deseada modernización.
Inversión millonaria
Pero lo cierto es que el plan Senda, elaborado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) sigue avanzando y ya ha movilizado importantes inversiones, con 50 millones de euros en diez años, a los que sumarán otros 43 millones al finalizar el 2025.
En ese contexto, el 2023 debería ser, al menos según las previsiones de la consellería, el año de la digitalización de buena parte de la Justicia gallega. El plan Senda establece como objetivo que ya el próximo año el cien por cien de las salas de vistas de los juzgados y tribunales de Galicia estén completamente digitalizadas. El proyecto contempla también la posibilidad de que se puedan realizar actos procesales en remoto, de manera que ciudadanos y profesionales participen a través de videoconferencias y de conexiones telemáticas que permitan enviar y recibir documentación con las máximas garantías. Es ese el gran reto de la Justicia del futuro.
Los presidentes de los tribunales superiores aseguran que el modelo genera «una exasperante lentitud»
La tecnológica es uno de los principales frentes para lograr una Justicia más moderna, ágil y cercana a los ciudadanos. Pero no es el único. Hay muchos cambios pendientes, como explicaron los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de toda España en su última reunión de trabajo. Una de sus primeras reivindicaciones plantea la creación de órganos judiciales colegiados en la primera instancia, dentro de cada orden jurisdiccional y de cada especialización.
Los presidentes de los tribunales superiores son contundentes y critican el actual modelo, basado en la creación de juzgados y unidades judiciales independientes, separadas y numeradas. Sostienen que ese sistema es «totalmente ineficiente, disfuncional y alejado de los modelos de gestión modernos y más eficientes».
También consideran imprescindible que se acometa cuanto antes la comarcalización de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Reclaman que se defina un ámbito territorial que comprenda varios partidos judiciales con similitudes poblacionales y cercanía geográfica con el objetivo de proporcionar una respuesta más especializada y coordinada, y que disponga de mejores recursos para las mujeres víctimas de estos delitos.
Excesiva judicialización
Desde los tribunales superiores de las comunidades autónomas se reclama asimismo la implantación de mecanismos alternativos al judicial para la resolución de conflictos. Critican la excesiva judicialización que hay en España lo que origina una sobrecarga de los órganos judiciales. Pero además, explican que el proceso penal actual debe ser reformado porque el modelo actual «genera una exasperante lentitud en múltiples trámites, lo que ocasiona una gran insatisfacción entre los ciudadanos, entre los propios afectados por el proceso e incluso entre los jueces y fiscales.
Por último, los presidentes de los altos tribunales autonómicos piden un urgente incremento, «sostenido y planificado», de la plantilla judicial, de manera que los jueces puedan hacer frente a una carga razonable de trabajo y respeto a los derechos de conciliación personal, laboral y familiar.
Cerca de 600 citaciones en el juicio del Alvia que comenzará en octubre
El vicepresidente segundo y conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, se reunió el viernes con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, para avanzar en las líneas de trabajo conjunto entre ambas instituciones y fijar cuestiones claves del próximo juicio por el accidente del Alvia. Sobre ese juicio, el presidente del TSXG explica que no es un procedimiento sencillo. «No lo fue en ningún momento, ni en la instrucción, ni en la fase intermedia, ni tampoco lo será en el juicio oral», dice Castroverde.
Recuerda la «enorme dificultad que tiene llevar adelante este juicio» y asegura que desde el Tribunal Superior de Xustiza se han puesto todos los medios y que desde el primer momento el juez de instrucción contó con refuerzo. Indica además que la magistrada que dirigirá el juicio, que comenzará el 5 de octubre, lo llevará en exclusiva, ya que su juzgado ha sido reforzado para que el resto de las causas no sufran retrasos.
Entre las dificultades que presentará el juicio por el descarrilamiento del tren Alvia en Angrois citó que hay cerca de 600 personas citadas, entre testigos y peritos.
No se produjo la avalancha de asuntos que se esperaba tras la pandemia
Desde que se desató la crisis sanitaria del coronavirus, la Administración de Justicia estuvo pendiente de la amenaza de una avalancha de asuntos cuando se acabasen las ayudas del Gobierno en cuestiones laborales y de empresa. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido ningún incremento de asuntos por ese motivo en los juzgados gallegos.
«A fecha de hoy no se produjo en lo contencioso ninguna avalancha de asuntos y ha funcionado bien. Sí hubo un aumento de casos en los juzgados de lo social, aunque no el esperado. Y lo mismo diría en mercantil», asegura el presidente del TSXG, quien aclara que en la Justicia no se puede funcionar con una previsión clara de lo que puede ocurrir: «No podemos saber si de repente se van a interponer 500 recursos sobre un caso, pero sí tenemos que estar preparados por si eso se produce».
