El Constitucional rechaza el recorte de concesiones previas al 2021 en el litoral
GALICIA
Los titulares anteriores a mayo de ese año, como Ence, conservan sus derechos
08 jul 2022 . Actualizado a las 08:24 h.El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de la Xunta contra el artículo 20 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), que a su juicio deja las concesiones en el litoral en situación de inseguridad jurídica al solaparse, sin anularlo de forma expresa, con un artículo de la Ley de Costas (LC). El Constitucional considera que no existe tal inseguridad jurídica, de ahí que rechace el recurso. Pero en su sentencia del 30 de junio explica cómo debe aplicarse la ley, y su dictamen coincide con la idea de la Xunta.
El debate era la duración de las concesiones. La Ley de Costas permitía prorrogarlas durante 75 años una vez terminadas. La ley de cambio climático limita a ese plazo, 75 años, la duración total de la concesión más la prórroga. La diferencia es muy sustancial para el futuro de más de 230 empresas y 4.000 edificaciones ubicadas en el litoral gallego.
El Tribunal Constitucional afirma que de la redacción de la nueva ley «se deduce que el plazo máximo de duración de las concesiones (...) o de cualquier prórroga del mismo» sería de 75 años a partir de la entrada en vigor de la ley de cambio climático [21 de mayo del 2021], «conservando los titulares de concesiones o prórrogas anteriores» a la entrada en vigor de la ley de cambio climático «sus derechos adquiridos» conforme a la ley de costas, «incluido el término de prórroga extraordinaria de 75 años».
El dictamen, que evita la aplicación retroactiva de la norma, podría tener efectos en la prórroga de Ence, que fue concedida en el 2016. Pero la decisión en ese y otros casos dependerá de los tribunales ordinarios.
La «letra pequeña» de la sentencia del Constitucional fue recibida con moderada satisfacción en la Xunta. No se ha atendido su recurso de inconstitucionalidad, pero sí se ha concretado cómo debe aplicarse la normativa. Fuentes del Gobierno gallego señalaron que el hecho de que haya sido precisa esa aclaración demuestra que sus criticas a la ley por ser «confusa» y «oscurantista» eran acertadas.
Las mismas fuentes señalaron que el dictamen también contradice las afirmaciones del Gobierno de que la ley de cambio climático se limitaba a recoger lo que decían las anteriores. La sentencia, como indica el párrafo antes citado, señala una diferencia sustancial entre la actual normativa y sus predecesoras respecto a la duración de las concesiones.
El Gobierno «ha innovado» con la nueva legislación, señalaron desde el Ejecutivo gallego, y lo ha hecho con el fin de «reducir el tiempo de las concesiones», como habían denunciado. Por lo tanto, el dictamen dará argumentos políticos a la Xunta frente a los dos partidos que conforman el Gobierno central.
Aunque el Constitucional haya marcado una línea de interpretación, el artículo 20 de la ley de cambio climático será objeto probablemente de más litigios.
La Xunta denuncia que el Gobierno ha metido «en un cajón» una cantidad desconocida de solicitudes de prórroga que se presentaron antes de que esa ley estuviese aprobada, pero que todavía no ha resuelto. Esos trámites no incurren en una retroactividad total, señalan desde la Xunta. Como la nueva norma no especifica nada sobre esos casos, en principio se les aplicarán los límites temporales de la ley de cambio climático, es decir un plazo máximo de 75 años entre la concesión y la prórroga. El Gobierno gallego teme que ese recorte del tiempo lleve a las empresas interesadas a retirar las inversiones que tenían previstas.
Todo el Parlamento quiere que Galicia decida el futuro de los 4.000 edificios que hay en la costa
Los tres partidos con representación en el Parlamento gallego —PP, BNG y PSOE, que preside el Gobierno central— han votado unidos para reclamar al Ejecutivo la cesión de las competencias de gestión del litoral a la Xunta.
Los socialistas gallegos, pese a esa posición más incómoda, han coincidido con los otros dos grupos en que no es necesario reformar el Estatuto de Autonomía para efectuar esa transferencia. Pero el Gobierno del PSOE y Podemos ha hecho oídos sordos a esa petición, y su delegado en Galicia, José Miñones, insistió en que debe reformarse el estatuto.
Esas competencias permitirán a la Administración autonómica decidir el futuro de más de 4.000 edificaciones en el litoral. Entre ellas hay 232 empresas, 59 lonjas, diez centros de salud, siete cámpings y seis cementerios, entre otras instalaciones de todo tipo.
Los tres partidos coinciden también en que las citadas empresas, que conforman la llamada cadena mar-industria, son claves para el futuro económico de Galicia. Ese es también el argumento del Gobierno autonómico, que ayer insistía en que no es lógico que el futuro de la costa gallega «se decida en Madrid, a más de 600 kilómetros», y con una perspectiva muy alejada a la realidad que se vive en Galicia.
La propia conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, ha denunciado que el plan del Ejecutivo es hacer un «desaloxo paulatino» de la costa hasta el 2045. Esa política supondría para Galicia «vivir de costas ao mar», de ahí que se reclame la cesión de las competencias.