Política Social prepara las primeras plazas de atención a la discapacidad en régimen de concierto
GALICIA
BNG y PSOE exigen destinar más recursos a políticas sociales y denuncian que la inclusión social no está garantizada
28 jun 2022 . Actualizado a las 15:12 h.La conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, anunció esta mañana que en próximas semanas se convocarán las primeras plazas de atención a discapacitados en régimen de concierto. El objetivo de esa medida es facilitar la creación de ese servicio donde haya demanda. García, que compareció en el Parlamento para dar cuenta del trabajo de la comisión de políticas de discapacidad, explicó que las entidades interesadas en ofertar esas plazas podrán presentar su solicitud mediante un procedimiento anual o a través de conciertos de adhesión. Ese último sistema les permitirá inscribirse en cualquier momento y las plazas serán adjudicadas cuando sean necesarias a través de criterios objetivos.
La conselleira destacó el trabajo del Gobierno gallego en materia de discapacidad. Explicó que el número de plazas ha llegado hasta las 5.600, un 30 % más, y que el presupuesto se ha incrementado un 12 % con respecto al 2021 hasta alcanzar los 142 millones de euros. Anunció además inversiones por valor de 17 millones de euros para continuar mejorando esos servicios durante este año.
García destacó además el trabajo de las 36 unidades de detención temprana de discapacidad, que cubren 167 ayuntamientos gallegos. La previsión de su departamento es ampliar la red este año hasta alcanzar los 200 municipios, el 100 % de los que han solicitado ese servicio. En materia de dependencia, la conselleira recordó que se ha reducido en 50 días el tiempo de espera de las unidades de valoración, lo que supone un 25 % menos que el año pasado. También señaló que más del 90 % de los alumnos con necesidades especiales está escolarizado en centros ordinarios, un 10 % más que la media española.
Su balance fue criticado por el BNG y el PSOE, que denunciaron falta de medios y personal para atender las necesidades existentes. Ambos grupos coincidieron en que la inclusión de las personas con discapacidad está lejos de alcanzarse con las políticas actuales de la Xunta.
Por el Bloque, Olalla Rodil, denunció que con los recursos actuales no es posible que muchas personas desarrollen un proyecto vital con independencia, algo a lo que tienen derecho, insistió. Rodil lamentó que la inclusión universal no está garantizada y reprochó a la Xunta falta de ambición tanto en el plano normativo como de puesta a disposición de recursos. Los derechos, subrayó, «costan moito», pero son la única vía para llegar a una «sociedade xusta».
La diputada socialista Marina Ortega recordó que Galicia es la comunidad española con menos empleo para personas discapacitadas, y reprochó al Gobierno gallego su baja inversión en dependencia, a pesar de que es la comunidad «que máis fondos recibe» del Estado. Ortega acusó además a la Xunta de esconder a cerca de 2.000 solicitantes de ayudas a la dependencia, con el fin de preservar las estadísticas.
Finalmente, el viceportavoz del PPdeG, Alberto Pazos rechazó las acusaciones de la oposición y recordó que el gasto en políticas sociales asciende a 927 millones de euros, cuando en el 2009, antes de que su partido llegase al Gobierno, no se alcanzaban los 470 millones.