La Fiscalía pide cárcel para el alcalde de Oza-Cesuras por la construcción de un centro social

El Ministerio Fiscal ha pedido dos años y tres meses de cárcel para el alcalde de Oza-Cesuras, Pablo González Cacheiro. Solicita, además, tres años de inhabilitación. El regidor, del PP, se enfrenta a un juicio oral en los juzgados de Betanzos por un delito continuado contra la ordenación del territorio. El conflicto se encuentra en un local social del lugar de Vales, en la parroquia de Borrifáns, donde la asociación vecinal As Peniñas intentó concluir las obras del edificio en suelo rústico. De hecho, el fiscal pide la misma pena para los dos últimos presidentes de la asociación, que deberán afrontar, además, una fianza conjunta de 36.588 euros entre los tres demandados. En las diligencias previas describen la evolución de la obra, primero bajo la responsabilidad de los dos presidentes de la asociación, y posteriormente del alcalde, «quien, a sabiendas de su ilegalidad, igualmente continuó en la promoción inmobiliaria».

En el año 2016, la agrupación socialista de Oza-Cesuras denunció ante la Subdelegación del Gobierno y ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta lo que consideraba una grave irregularidad urbanística con la connivencia del Ayuntamiento, que colaboraba con los vecinos en la cesión del material. El gobierno local, con el alcalde Pablo González Cacheiro a la cabeza, inició entonces un proceso para legalizar la obra, y el partido de la oposición llevó a los juzgados el caso, que ahora desemboca en el juicio oral para el alcalde y los dos vecinos de Borrifáns.

El caso evolucionó de forma muy dispar en la APLU. Si bien este organismo había declarado en mayo del 2018 que las obras no eran legalizables y ordenaba su demolición en un plazo de tres meses, finalmente adoptó una resolución muy diferente. Tras el recurso presentado por el alcalde, tres años después, en abril del 2021, el pleno del Ayuntamiento acordó un plan especial de dotación para situar un edificio de usos múltiples en Borrifáns. Para enmendar el lío urbanístico, el Concello había asumido como propia la parcela de los vecinos en el 2018, por lo que ya no era necesaria una licencia municipal, sino exclusivamente un proyecto de obra. Con todo esto, la APLU anunció en un informe que la orden de demolición «perdeu a súa virtualidade, toda vez que na actualidade débese analizar o axuste da edificación aos parámetros do plan especial, unha análise que corresponde ao Concello de Oza-Cesuras». Y añade: «Resulta, en consecuencia, indiscutible a imposibilidade de actuar por parte da Administración autonómica para a execución da resolución ditada e, en particular, por parte da APLU, por falta de competencia material, que corresponde ao alcalde de Oza-Cesuras». Mientras, la Fiscalía pide para los acusados que indemnicen a la Consellería de Medio Ambiente con 25.800 euros por la demolición de la obra.

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