Estos partidos firmaron una declaración conjunta en la que recordaban que la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, aprobada por el Consejo de Europa en 1992, establece el derecho a usar las respectivas lenguas, tanto en la vida pública como privada y han lamentado que su futuro sea «crítico».
PP, Vox y Cs han criticado que los nacionalistas «quieran imponer» sus lenguas a todos los españoles y han argumentado que su implantación en el Congreso supondría un elevado coste económico en tiempos de crisis. El PSOE se ha desmarcado de este argumento y ha insistido en que ya existe un «equilibrio» en el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes ya que en el Senado se está estudiando ampliar su implantación.
