pablo gonzález
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE), que consagra la prevalencia del procedimiento penal español sobre el arbitraje británico promovido por la aseguradora del Prestige, es sin duda una gran victoria legal. Pero la resistencia del London P&I Club, la peculiar situación del Reino Unido tras el brexit y la propia complejidad de los distintos frentes judiciales abiertos en Londres invitan a ser prudentes respecto al cobro definitivo de los 855 millones de euros de la póliza del seguro del petrolero. A ello se suman los importantes intereses económicos que se están jugando en la jurisdicción de Inglaterra y Gales, con todo el sector marítimo, especialmente las mutuas, pendientes de un contencioso que puede suponer un terremoto en el sistema de aseguramiento de buques potencialmente contaminantes.
