La conselleira de Medio Ambiente insta por sexta vez al delegado del Gobierno en Galicia para abordar la situación de la usurpación de inmuebles
09 jun 2022 . Actualizado a las 18:30 h.La creciente incidencia en el número de denuncias por okupación de viviendas en Galicia durante el año pasado, y el incremento también de asuntos judiciales tratados en la comunidad por el mismo delito en el primer trimestre del año, ha llevado a la Xunta a volver a incidir ante el Gobierno central en la necesidad de acometer un cambio legal que endurezca las penas por usurpación y allanamiento de inmuebles.
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta, Ángeles Vázquez, remitió hoy al delegado del Gobierno en Galicia una petición de reunión para analizar cómo están incidiendo las apropiaciones de viviendas en las localidades de la comunidad y en los entornos de las edificaciones afectadas. La conselleira asegura en su misiva que es la sexta vez que reclama a José Miñones desde que tomó posesión como representante del Ejecutivo central en abril del año pasado un encuentro para abordar dicha cuestión, sin haber obtenido hasta el momento una respuesta efectiva a su solicitud. «Unha das cuestións que tería que estar sobre a mesa é a da okupación ilegal de vivendas, unha problematica que preocupa especialmente á Xunta de Galicia e que non afecta soamente aos propietarios dos inmobles ocupados, senón tamén a toda a súa contorna, dificultando a convivencia», expresa en la misiva la responsable de vivienda del Gobierno autonómico sobre la motivación de la reunión solicitada.
Vázquez le comunica a Miñones que lleva meses recogiendo las opiniones de los colectivos vecinales y comunidades de propietarios para conocer de primera mano sus impresiones sobre la evolución de este delito. «Estas asociacións téñenme trasladado nos últimos meses a inseguridade social xerada nos seus barrios e a indefensión que senten, así como a necesidade de que se impulse unha reforma lexislativa estatal que ofreza solucións duradeiras e eficaces», añade Ángeles Vázquez.
La Xunta coincide en esa necesidad de reformar el Código Penal, especialmente, y endurecer las penas por okupación de inmuebles. «Coincidirá comigo en que non é xusto que saia máis caro apropiarse dun teléfono móbil que okupar unha vivenda. E iso é o que acontece agora mesmo coa lei na man», trata de hacer ver la conselleira al delegado del Gobierno.
Lamenta, por último, que la futura ley estatal de vivienda no recoja dicho espíritu, más al contrario, concluye Vázquez, abre la okupación de inmuebles como vía de acceso al parque público residencial.