Todas las comunidades, salvo Canarias, sufren un incremento de casos
02 sep 2022 . Actualizado a las 12:28 h.El 2021 fue el año de las okupaciones en España y en Galicia. Tanto en el conjunto del Estado como en todas y cada una de las comunidades autónomas, salvo Canarias, la usurpación y el allanamiento de viviendas alcanzaron cifras récord, según los registros que acaba de hacer públicos la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. En total fueron 17.274 los casos de okupación conocidos en toda España por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el 2021, de los que el 42 % se denunciaron en Cataluña, la comunidad más afectada por dicho delito, que solo en la provincia de Barcelona sumó más de cinco mil asaltos vinculados a la apropiación de inmuebles.
Las cifras con las que se cerró el último ejercicio suponen un 16,7 % más que en el año anterior y marcan un nuevo récord de usurpación y allanamiento de viviendas (el ministerio no distingue en sus estadísticas entre ambos), aunque ya venía aumentando irremediablemente cada año el número de casos con la única excepción del 2016.
Galicia no es ajena a esa tendencia y sufrió el año pasado casi 4 asaltos semanales, un total de 195 incursiones en las edificaciones con el fin de instalarse en su interior, lo que supone un 15,3 % más que en el ejercicio precedente, en el que las usurpaciones de inmuebles conocidas policialmente se situaron en 169.
El 2015, cuando se comenzó a registrar estadísticamente el número de okupaciones, Galicia tuvo 78 casos, con lo que el crecimiento desde entonces se sitúa en un 150 %. En los últimos siete años han tenido lugar en la comunidad gallega 945 okupaciones, el 1 % de las 95.825 que se contabilizan en el conjunto de España en el mismo plazo.
Por provincias, A Coruña registró a lo largo del 2021 un total de 91 episodios, 56 la provincia de Pontevedra, 13 la de Lugo y 9 la de Ourense. Agentes inmobiliarios y administradores de fincas no tienen duda, sin embargo, de que el número de casos es aún mayor, y lo achacan a que la resolución de conflictos mediante acuerdos entre propietarios y ocupantes, o con mediadores, es cada vez más frecuente.
Inicio a la baja en el 2022
Interior ha difundido las cifras de usurpación y allanamiento del año pasado junto a las de los cuatro primeros meses del 2022, cuatrimestre que, comparado con el mismo período del año anterior, marca de momento una tendencia a la baja. En Galicia pasan de 64 a 60 los casos conocidos por los agentes policiales, y en el conjunto de España, de 6.203 a 5.931. Semejantes descensos se logran en todas las autonomías salvo en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana, donde siguen aumentando las okupaciones en el arranque del año, lo que indica que tanto son atractivas para dicho fin las zonas costeras como las comunidades interiores y afectadas por la despoblación.
Dentro de Galicia, Lugo es la única provincia con más incidencia de okupaciones, al saltar de un caso a ocho en la comparación entre enero y abril de este año y el precedente. A Coruña sigue siendo el territorio más afectado con 32.
La Xunta reclama al Gobierno medidas legales que reduzcan los allanamientos
La entrada en vigor de la nueva ley de vivienda, actualmente en tramitación parlamentaria, supondrá admitir la ocupación ilegal de un inmueble como una forma de acceso preferente al parque público residencial. Así lo entiende la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda porque introduce una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece una mayor protección de los ocupantes cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Para la titular del citado departamento autonómico, Ángeles Vázquez, las okupaciones en Galicia «están a xerar unha crecente inseguridade social, sobre todo nas zonas máis afectadas». Vivenda, además de no disponer de datos reales sobre el número de casos que se dan en la comunidad, ha solicitado sin éxito las cifras que maneja la Delegación del Gobierno, sostiene la consellería. Pero, al margen de las estadísticas, el área de Ángeles Vázquez mantiene reuniones permanentes con Cogave, la entidad que aglutina a más de 800 agrupaciones vecinales de Galicia, y el resultado es la creciente preocupación por el aumento de casos de ocupaciones que perciben los vecinos, así como por la conflictividad social y los problemas de convivencia detectados en determinadas zonas de la comunidad debido a los allanamientos. Razones que justifican la demanda, tanto de las agrupaciones vecinales como de la Xunta, de que se impulse una reforma legislativa estatal que ofrezca soluciones duraderas y eficaces a este fenómeno.
Convenio
En aras de apoyar a los afectados, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ha suscrito un convenio de colaboración con el Consejo de la Abogacía Gallega para ofrecer asesoramiento a personas o entidades que se vean afectadas por la ocupación ilegal de viviendas. Desde que se puso en marcha el servicio, con un teléfono de asistencia, 31 familias han recibido apoyo, y el 80 % de ellas se correspondían con propietarios o familiares directos de inmuebles ocupados de manera ilegal.
La Xunta apuesta por que se acometan reformas legislativas que garanticen la seguridad contra la ocupación.
OPINIÓN
El mundo al revés
César J. Lodos
El fenómeno de la okupación se está convirtiendo en noticia habitual, tratada, casi siempre, con demasiada normalidad. Es una cuestión que viene generando en la sociedad una profunda alarma social. Sin embargo, nos estamos acostumbrando, normalizando, a estas situaciones, ante noticias que ponen el foco, además de en la situación personal del okupa, en los problemas y conflictos que estas okupaciones provocan en el vecindario.
A menudo olvidamos la situación y el sentimiento de impotencia de los legítimos propietarios de la vivienda, que tienen que permanecer completamente impasibles (y hasta colaboradores) viendo cómo esas personas que se han metido en su casa dando una patada a la puerta disfrutan de su estancia a mesa y mantel puesto: sin pagar IBI, luz, agua, gas... so pena de que te procesen y condenen (a ti sí, como propietario) por un delito de coacciones si intentas cortar el suministro.
Duele la vista saber de casos de okupantes que salen una y otra vez absueltos, en una suerte de impunidad que raya lo inverosímil, tras permanecer meses de gratis y dejar tras de sí un rastro de destrucción, objetos desaparecidos y facturas ingentes. Y sin consecuencia: penalmente absueltos, civilmente insolventes.
Esta preocupación se ha trasladado al Parlamento (al menos a una parte) y se han presentado en los últimos meses tres proposiciones de ley y una proposición no de ley para intentar atajar este fenómeno. Pero la cosa va lenta, o directamente no va, ya que a pesar del récord de casos, se viene tratando como un problema menor.
No es de recibo que, como dueño, como ciudadano que paga sus impuestos por tener esa vivienda en propiedad y por haberla adquirido, dentro de esa vivienda que te pertenece, de la que tienes una escritura y una inscripción registral que así lo demuestra, el Estado permita con su pasividad que se mantengan personas sin título para ello; roza la burla.
Me causa estupor que el propietario tenga que luchar contra okupas y sistema, gastando dinero en juicios que casi nunca conducen a resarcirlos del daño, sino exclusivamente a recuperar su vivienda. La Constitución garantiza el derecho a la propiedad. El derecho a una vivienda digna, también constitucionalmente garantizado, no se puede ejercer a costa de quien, cumpliendo las reglas legales, y adquiriéndola por derecho, la posee. Sus derechos terminan donde comienza el del legitimo propietario, so pena de perder la seguridad jurídica. El Estado debe velar por ese principio tan fundamental que garantiza que un país pueda crecer económicamente, y que sus ciudadanos puedan convivir en paz.
Está claro que no se quiere dar solución al problema, pues es bien sencillo, a mi modo de ver: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en combinación con el juzgado de guardia, deberían tener la facultad y la decisión de sacar por la fuerza a quien no abandona voluntariamente la vivienda en el acto, tras haber recibido la denuncia y la documentación del legitimo propietario. No es una cuestión de propiedad, es una cuestión de justicia.
César J. Lodos es abogado.