La Xunta lo promovió en el 2006 y varias comunidades llevan cuatro cambios
02 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Ocho años después de que Castilla y León aprobase en 1983 el último de los 17 estatutos de autonomía de España, siete comunidades abrieron la vía de la reforma estatutaria para aumentar y agilizar sus posibilidades de autogobierno. Desde esa reforma en bloque de 1991, las comunidades suman 41 cambios en su norma principal, como por otra parte la propia Constitución española ha sido revisada dos veces.
Todas las autonomías han adaptado sus textos a sus aspiraciones menos dos: el País Vasco, que ya cuenta con marco competencial considerable y ha ampliado hasta cuatro veces su concierto económico, y Galicia, que nunca ha acabado de explorar hasta el final la posibilidad de la reforma que ahora le exige el Gobierno central si quiere hacerse con el control y gestión del litoral.
Las 41 reformas estatutarias se reparten por tanto entre las otras quince autonomías, que llegan incluso a sumar hasta cuatro modificaciones en tres décadas en los casos de Extremadura, Región de Murcia y Castilla-La Mancha. Tres reformas acumulan también Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Islas Baleares y Castilla y León. Dos cambios han hecho en sus estatutos Cataluña, La Rioja, Canarias y Navarra, y solo uno promovió Andalucía.
Todas las modificaciones se concentraron entre 1991 y el 2019, tiempo en el que el País Vasco lo intentó una vez con el que se conoció como Plan Ibarretxe (2004). Galicia hizo lo propio en el 2006, también sin éxito, cuando presidía la Xunta el socialista Emilio Pérez Touriño. El acuerdo entre PSdeG, BNG y PP fue imposible pese a que sus tres líderes se sentaron para intentar salvarlo en el último momento.
Consensuar la identidad de Galicia fue un escollo insalvable. Los términos nación, nación común de los gallegos y «manifestación de un sentimiento nacional» fueron planteados como alternativas para incluir en el preámbulo de una nueva versión del Estatuto, pero ninguna de las opciones se hizo mayoritaria.
Las reformas
Las autonomías que sí han logrado modificar sus estatutos lo hicieron en una primera tanda en 1991 para prever la posibilidad de que coincidiesen en fechas la celebración de elecciones con otras comunidades y también las elecciones locales. Solo afectó a un artículo en cada uno de los siete estatutos modificados.
Otro cambio masivo que modificó la norma básica autonómica de once comunidades se adoptó en 1994 para ampliar las competencias de las constituidas por la vía del artículo 143 de la Constitución, sobre todo en asistencia sanitaria y educación.
Doce autonomías volvieron a echar mano de la reforma estatutaria entre 1996 y el 2001, de nuevo para volver a ganar cotas de autogobierno. La siguiente remesa de reformas elevó aún más los techos competenciales en ocho comunidades, entre las que Andalucía y Cataluña marcaron la pauta a seguir para dar un salto en las materias de exclusiva gestión autonómica, dotar de mayor relevancia a sus instituciones propias y articular instrumentos de participación y cooperación con el Estado. Las dos comunidades constituidas en base al artículo 151 requirieron de sendos referendos de aprobación, como le ocurriría a Galicia. Pese a que el Tribunal Constitucional frenó parte de las aspiraciones plasmadas por el Parlamento catalán en la reformulación de su Estatuto, incitó a gran parte de las comunidades a seguir su particular senda de cambio, en la que Galicia no fue capaz de superar la primera fase.
Murcia (2013), Castilla-La Mancha (2014) y Canarias (2018) han sido las últimas que han protagonizado reformas, en el último caso para hacerse con la gestión del litoral, como pretende Galicia, pero sin recurrir a esa vía.
El Gobierno central insiste en que no cederá la gestión del litoral gallego si no se adapta la norma
Al Gobierno central no le ha afectado la seguridad que Xunta, BNG y el propio PSdeG han mostrado en favor de que Galicia pueda asumir la gestión de la franja litoral sin tener que reformar su Estatuto de autonomía para recoger dicha competencia expresamente. El Ejecutivo estatal volvió a instar ayer al gallego a adaptar su norma autonómica si sigue pretendiendo hacerse con el control de un espacio para el que aboga por un mantenimiento de edificaciones en primera línea con fines patrimoniales y turísticos.
«Se a Xunta quere as competencias sobre o litoral, o primeiro que ten que facer é modificar o seu Estatuto de autonomía. Non é que Costas non outorgue a unha comunidade autónoma as competencias sobre o litoral, é condición sine qua non que os estatutos de autonomía recollan esa competencia», terció este miércoles la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, en la polémica generada tras la advertencia hecha por el Ejecutivo central de que Galicia no cuenta con dicha prerrogativa en su norma autonómica.
«Quero deixar claro que todas as comunidades autónomas que teñen transferidas as competencias da xestión do litoral as teñen porque os seus estatutos de autonomía así o contemplan», remarcó Larriba, que también exigió a la Xunta que «deixe de alarmar», dado que, según aseguró la subdelegada, las 54 peticiones de prórroga o nueva concesión en espacio litoral formuladas en Galicia han sido aceptadas.