Las limitaciones de una Xunta en funciones: no podrá adjudicar contratos de más de 150.000 euros hasta que Rueda nombre su gobierno
GALICIA
Tras la dimisión del actual Consello tampoco podrá enviar proyectos de ley al Parlamento, aprobar gastos que no sean de tipo corriente, o aprobar la convocatoria de oposiciones. Estará en esta situación hasta el día 16, cuando tome posesión el nuevo Ejecutivo
17 may 2022 . Actualizado a las 21:13 h.Desde el viernes, cuando Alberto Núñez Feijoo presentó su renuncia como presidente de la Xunta, todo el Gobierno gallego, sus 11 conselleiros y el propio presidente, está en funciones. Y seguirá en esa situación hasta que se elija otro presidente que nombre un nuevo equipo. Algo que se espera suceda el 16 de mayo, en tanto que el sábado 14 Alfonso Rueda tomará posesión del cargo, y el 15 anunciará a los conselleiros, que el lunes 16 celebrarán el primer consello.
Hasta entonces el Ejecutivo saliente estará limitado por el artículo 50 de la ley 1/2016 de transparencia y buen gobierno, que prohíbe todo esto: enviar proyectos de ley al Parlamento; hacer uso de las delegaciones legislativas otorgadas por el Parlamento, y aprobar decretos de desarrollo normativo de leyes u órdenes en ejecución de normas legales o reglamentarias. Tampoco puede autorizar convenios o acuerdos con el Gobierno de España o con otras comunidades autónomas, entidades locales y universidades. No está autorizado para adquirir compromisos de gasto que no tengan la consideración de gasto corriente. Tampoco aprobar convocatorias de pruebas de acceso o de provisión de puestos de trabajo para cualquier categoría de personal empleado público, aprobar o modificar las relaciones de puestos de trabajo del sector público autonómico, adjudicar contratos que tengan vigencia plurianual y, en ningún caso, aquellos cuya estimación económica supere la cuantía de 150.000 euros.
La norma también veta resolver expedientes que pongan fin a la aprobación o denegación de planes previstos en la normativa de ordenación territorial o medioambiental.
La obligación de que el Gobierno esté en funciones y de que todos los conselleiros cesen tras la renuncia de Feijoo es consecuencia del artículo 29 de la ley 1/1983, que regula la actividad de la Xunta y de su presidente, y también del artículo 17 de la ley orgánica 1/1981, de Estatuto de Autonomía para Galicia, que afirman: «La Xunta cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento gallego: en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria, dimisión y fallecimiento de su presidente»; «el cese del presidente de la Xunta comporta el de todos los miembros de la misma», y «la Xunta cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Xunta».
La ley de transparencia y buen gobierno ordena además tomar una serie de medidas al Ejecutivo en funciones con el fin de que sus sucesores conozcan la situación de la Administración autonómica. La principal es que todas las consellerías deben elaborar informes de gestión relativos a ellas mismas y a las entidades autonómicas que dependen de ellas. La redacción de esos documentos está regulada, y deben figurar en ellos todos los compromisos económicos, los contratos vigentes y las obligaciones pendientes de pago, entre otros datos. No preparar esos informes puede suponer la imposición de sanciones a los responsables de las consellerías.
Esa normativa se incluyó para facilitar las transiciones entre gobiernos de partidos distintos, pero no será necesario aplicarla de forma taxativa en la transición del gobierno de Alberto Núñez Feijoo y al de Alfonso Rueda, ya que son del mismo partido y está previsto que la mayoría de los miembros del actual Ejecutivo sean renovados en sus puestos.