En 13 años, Xunta y Gobierno central chocaron en instancias administrativas o judiciales en hasta 50 ocasiones. Alfonson Rueda, su relevo en Ejecutivo gallego, es quien ha llevado esos procedimientos
26 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La capacidad legisladora del Gobierno de España y de la Xunta de Galicia en función de sus competencias y atribuciones está interrelacionada y no queda exenta de lindes difusos y fricciones que han llegado hasta altas instancias judiciales para dirimir desde su constitucionalidad hasta el sentido de una frase perdida en el articulado de una ley de relativo impacto ciudadano.
En los trece años que Alberto Núñez Feijoo acaba de cumplir como presidente gallego, en siete coincidió en la Moncloa con un presidente del PP y en seis con uno del PSOE (dos años con Zapatero y cuatro con Sánchez). Y en todo ese tiempo una u otra institución abrieron medio centenar de frentes legales que se han ido resolviendo en distintas instancias, en la mayoría de las ocasiones sin apenas trascendencia pública, y en unas pocas con un agitado debate político.
Pese al ruido partidista que en ocasiones ha acompañado estas porfías, la realidad es que esa conflictividad Xunta-Estado ha sido más intensa cuanto mayor ha sido la actividad legislativa, que en el caso del todavía presidente autonómico se corresponde con su segunda legislatura (2012-2016), cuando se aprobaron 55 leyes, mientras que en el último período completo (2016-2020) solo fueron 22 los textos que fueron examinados por los letrados estatales.
Además, se plantearon conflictos en el sentido inverso. En estos momentos siguen latentes tres recursos de inconstitucionalidad, y dos han sido interpuestos por la Xunta. El más sonado y reciente, el dirigido contra la ley antifraude del Gobierno de España que se ha llevado por delante buena parte de los incentivos para impulsar las herencias en vida, que Hacienda considera una fórmula de elusión fiscal, mientras que Galicia apela a su derecho civil para aplicar estos pactos sin penalizarlos.
También amagó el Ejecutivo gallego en los últimos meses con llevar a la Justicia el reparto de los fondos europeos, un asunto que el PP, todavía con Pablo Casado al frente, tomó por bandera para denunciar la discrecionalidad en la distribución del dinero para favorecer a las comunidades socialistas. Las explicaciones ministeriales y algún ajuste posterior en las ayudas por territorio acabaron por desactivar el recurso.
Otro recurso, en este caso del Estado contra Galicia, también tuvo proyección social durante la pandemia. Se trata de los polémicos artículos que la Xunta redactó en la Lei de Saúde en plena pandemia y que el Gobierno frenó en seco por considerar que se abría la puerta a la vacunación obligatoria. Tras tensas negociaciones, el Consejo de Ministros acordó el desistimiento, pero todavía está pendiente que el Constitucional lo acepte.
Hubo otros desacuerdos con final amistoso, la mayoría de ellos canalizados en las comisiones bilaterales en las que se enfrascan los letrados de ambas instituciones para pulir textos legales. Casi un centenar de artículos de seis leyes aprobadas en esta legislatura han sido revisadas por este órgano de cooperación. En cuatro casos hubo acuerdo, y en otros dos siguen en negociaciones.
En el ámbito de lo contencioso-administrativo se interpusieron solo en estos dos años cortos de legislatura hasta ocho recursos, cuatro de un lado y cuatro del otro. Tres están pendientes de resolución en la Audiencia Nacional o de tramitación en el TSXG.
Pero el que se lleva la palma mediática es el de la recaudación de un mes de IVA del 2017 que nunca llegó a las arcas autonómicas. La Xunta ganó en el Tribunal Supremo y obligó al Estado a pagarle con intereses unos 224 millones de euros, y a todas las comunidades otros 3.500 millones que se están repartiendo este año.
El sustituto de Alfonso Rueda en Presidencia deberá asumir la Asesoría Xurídica Xeral
Los cabos sueltos legales con el Estado que deja sin cerrar Feijoo no le son ajenos a su sucesor, Alfonso Rueda, que como conselleiro de Presidencia ha sido el responsable directo de todas y cada una de las acciones llevadas a cabo por la Asesoría Xurídica Xeral. El cuerpo de letrados de la Xunta está integrado en este departamento, sobre el que tradicionalmente han recaído las relaciones institucionales y que también va ligado a las competencias autonómicas en Xustiza. Se da por seguro que el nuevo jefe del Gobierno gallego se llevará consigo Turismo de Galicia, que ya estuvo once años bajo el paraguas del presidente Feijoo, pero el resto de las funciones tendrá que asumirlas un nuevo conselleiro, ya se verá si con el rango de vicepresidente al que accedió Rueda en el 2012.
Trabajo no le faltará al sustituto, y nuevos frentes, tampoco. La pasada semana trascendió que el Gobierno de España elevaba a la comisión bilateral entre el Estado y la comunidad dos asuntos más. El primero, relacionado con la moratoria sobre los parques eólicos y las distancias para su construcción, así como las competencias para determinar cuáles pueden continuar sus trámites. El segundo tiene que ver con una supuesta injerencia en la competencia estatal al intentar la Xunta regular y compensar el alza de precios que está condicionando las obras públicas.