La Xunta, sobre las rebajas de la AP-9: «decepcionantes, insatisfactorias, no captan tráfico, ni rebajan la siniestralidad»

GALICIA

Martina Miser

El Ejecutivo gallego acusa al Central de «traicionar» a Galicia al apoyar a Audasa frente a la Administración autonómica. El PSdeG pide que se imite al ministerio y se eliminen los peajes en la autopistas de Carballo y Baiona

22 abr 2022 . Actualizado a las 18:05 h.

La Xunta de Galicia no está «nada satisfecha» con el resultado de las bonificaciones aplicadas por el Gobierno central en los peajes de la AP-9 desde el verano pasado. Es más, mantiene que el efecto la rebaja de tarifas en la autopista es «decepcionante», «no ha sido efectiva para mejorar la seguridad viaria» de las carreteras convencionales del mismo eje, y que el potencial beneficio económico que reportarían se pierde «por la traición y defensa de Audasa (la concesionaria de la autopista) que está realizando el Gobierno». Este es el balance que hizo hoy en el Parlamento el Ejecutivo autonómico a través del director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, al ser cuestionado sobre dichas bonificaciones por el PSdeG.

El Ejecutivo autonómico entiende que la partida anual de 55 millones de euros destinada por el Gobierno central a rebajar los peajes de la AP-9, debería seguir un plan de utilización «mejor diseñado» y con más efecto sobre la sociedad. Subraya Menéndez que la autopista gallega es la segunda que menos tráfico está recuperando de todas las estatales tras la bajada de la movilidad por el covid, lo que a su juicio evidenciaría que las rebajas no han sido bien planteadas para atraer a vehículos que circulan por otras carreteras y travesías. Contrapone, en cambio, que los tramos alternativos a la AP-9 de la red autonómica no están registrando una disminución en el volumen de vehículos, y menos de camiones, señal, incide en que no hay un cambio de usos motivado por las bonificaciones de la AP-9.

La Xunta clama también contra el balance del uso de las partidas destinadas a rebajar los peajes, pues señala que el año pasado se gastaron 16,9 millones de los 55 previstos en los Presupuestos del Estado, con lo que 38 millones quedaron sin utilizar, razona el director de la Axencia, que pide que con parte de esos fondos se rebajen también las tarifas de la AP-53. El Ministerio de Transportes señaló en enero que los remanente de esa partida sin uso se destinan a evitar que se repercuta en lo que pagan en los peajes los usuarios la subida extra anual del 1 % que aplicará Audasa durante 20 años en sus tarifas para recuperar lo invertido en la ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago. Eso solo será posible si no se gasta la partida anual completa en bonificaciones. En cuanto no sea así, los usuarios de la AP-9 tendrán que volver a asumir la subida extra que ya hizo que el vial gallego fuese en los tres años anteriores el que más se encareció de España. 

Menéndez contrasta además que el precio del kilómetro de la AP-9, tras las bonificaciones, sea de 6,12 euros (más IVA), llega a 7,77 en la también estatal Santiago-Dozón y baja a 5,67 en las dos autonómicas (A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona), con lo que mantiene que hay margen para incrementar las rebajas en las tarifas de la principal vía de comunicación gallega. Aprovechó su comparecencia para exigir el traspaso de la titularidad de la autopista a Galicia, como ha reclamado por tres veces el Parlamento de Galicia por unanimidad. Eso sí, la exigencia gallega lleva aparejada la dotación económica suficiente para hacer frente a los pagos concedidos a la concesionaria, las bonificaciones existentes a los usuarios y la realización de las obras comprometidas a lo largo de todo el vial. 

Por último, en el análisis argumentado ante el Parlamento, el dirigente autonómico cargó contra la defensa que asegura presta el Gobierno central a la concesionaria Audasa, al reclamar en su nombre a la Administración gallega el pago de la mitad de los importes que se dejaron de abonar desde el 2017 por los tramos sin coste para el usuario de Rande y A Barcala, factura que pasó entonces a asumir el Ministerio de Fomento en solitario aplicándole una rebaja unilateral del 50 % que los tribunales consideraron no legal después. El Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, liberó a la Xunta de pagar la mitad del peaje en la sombra de ambos tramos, extremo que el Gobierno gallego exige que se mantenga aunque la Justicia haya secundado las reivindicaciones de Audasa para cobrar íntegros los peajes de todos los vehículos en ambos tramos, lo que representa una partida anual de unos 14 millones de euros. 

La exposición del director de la Axencia Galega de Infraestruturas fue contestada por el socialista Gonzalo Caballero que aseguró que las rebajas en la AP-9 han cambiado definitivamente la movilidad en Galicia y que deberían ser imitadas por la Xunta eliminando los peajes en las dos autopistas autonómicas. Contrastó el portavoz socialista en la comisión de economía que la inversión del Gobierno central en la bonificación de peajes en Galicia es cien veces superior a la que hace la Administración gallega, por lo que consideró como «una falta de respeto» la crítica del Ejecutivo de Feijoo a las bonificaciones de la AP-9.