Los criterios tendrán en cuenta también a los empleados públicos, incorporando la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas para el traslado sin perjuicio en su carrera profesional. Se reforzará de esta forma el funcionamiento de las entidades afectadas y fomentará el acceso a la función pública estatal de los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.
La comisión se reunirá al menos una vez al año y siempre que sea necesario determinar la sede física de las entidades públicas. Una vez creada una nueva entidad pública, el Consejo de Ministros acordará iniciar el procedimiento para la determinación de su sede física.
