Los colegios médicos entienden que el nuevo modelo de atención primaria vulnera la confidencialidad de los pacientes

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Imagen de archivo de las consultas del centro de salud de A Valenzá en Barbadás en julio del 2021
Imagen de archivo de las consultas del centro de salud de A Valenzá en Barbadás en julio del 2021 Agostiño Iglesias

Harán un estudio jurídico y ético del sistema por el que un administrativo pregunta al enfermo por el motivo de su consulta

14 abr 2022 . Actualizado a las 16:37 h.

El plan XIDE (Xestión Integral da Demanda en Equipo) pretende que no todas las consultas que llegan a atención primaria acaben en el médico de familia. Se trata de un aplicativo informático del Sergas por el que el personal administrativo, cuando el usuario pide una cita, pregunta por el motivo de la consulta y va dirigiendo al paciente hacia el profesional más adecuado a sus necesidades. Pero este plan nunca convenció a los colegios médicos. En febrero la Consellería lo presentó al Consello Galego de Colexios Médicos y aunque los representantes colegiales elogiaron en su día la intención de los gestores por tratar de encontrar soluciones al grave problema de atención primaria, pidieron al Sergas la documentación total del estudio piloto para ser analizada por las diferentes juntas directivas.

La documentación llegó tarde mientras la Xunta implantaba el plan XIDE «en más y más centros». Por ello, el Consello Galego de Colexios Médicos acordó solicitar un exhaustivo estudio jurídico y ético deontológico de este programa. Por un lado los profesionales entienden que existe un claro conflicto de competencias, ya que la gestión de la demanda médica y la prioridad de las citas se lleva a cabo por parte de personal no sanitario, y por otro que se vulneran derechos de los pacientes, por ejemplo el de la confidencialidad. 

El Consello Galego asegura que entre las atribuciones de los colegios está el garantizar que los ciudadanos tengan una asistencia sanitaria sujeta a estrictos criterios científico éticos. También que las normas que dictan las administraciones sanitarias no afecten «a nuestro buen ejercicio profesional, a la atención de nuestros pacientes y de la población en general».