Portugal alberga 30 naves en el norte del país para fabricar lanchas para narcos de Galicia

Javier Romero Doniz
Javier Romero OPORTO / LA VOZ

GALICIA

Planeadora decomisada en diciembre en el río Lima, en Viana do Castelo, junto a decenas de garrafas de combustible, después de ser utilizada para una descarga
Planeadora decomisada en diciembre en el río Lima, en Viana do Castelo, junto a decenas de garrafas de combustible, después de ser utilizada para una descarga POLICIA MARITIMA DE PORTUGAL

El Ministerio de Justicia luso inicia un proyecto de ley para ilegalizar planeadoras igual que España; la Policía Judiciária sitúa a gallegos trabajando en la mitad de operaciones con alijos incautados cada año en Portugal

09 jul 2022 . Actualizado a las 23:51 h.

El kilo de cocaína se despacha en el norte del Portugal a un precio que va de 24.000 a 26.000 euros. En Galicia, meca del polvo blanco en España, no baja de los 27.000. Ya en Madrid, epicentro nacional del mercado patrio, arranca en 33.000 euros, ya adulterado. Las gangas en suelo luso responden al excedente de mercancía almacenada; un cáncer metastásico por mar y aire ligado históricamente a Galicia. «La cocaína llega en barcos pesqueros, veleros, contenedores, planeadoras, carga aérea, pasajeros que la ingieren o maletas, estamos sitiados. Los alijos que entran resultan incontables, cogemos un 10 % y en el 2020 se requisaron 10.066 kilos en el país», reconoce el máximo responsable de la Policía Judiciária en el norte de Portugal, el comisario jefe Avelino Lima, en su despacho en Oporto.

El puerto de Leixões, el aeropuerto Sá Carneiro, los veleros y pesqueros surtidos por barcos nodriza son tumores históricos e inmunes a la radiación policial. El último brotó en el 2018, fagocitado por el decreto ley aprobado en España que ilegalizó —salvo excepciones autorizadas— la construcción y uso de planeadoras con una eslora superior a los ocho metros. La Policía Judiciária asimiló entonces la consecuencia que afrontarían a corto plazo: la producción de «lanchas voadoras» se dispararía en el norte del Portugal, la zona más industrializada del país. La estrategia inicial consistió en elaborar un censo de las empresas que producen casco, flotadores, instalan la electrónica o venden motores. El resultado sitúa una treintena de naves repartidas por el norte del país y al servicio de narcos gallegos.

«Numerosos ciudadanos de Galicia figuran en organigramas de empresas, a mayores de otros desplazados al norte de nuestro país para participar en el montaje de las embarcaciones. Descubrimos de todo, algunos cascos vienen desde Galicia y se finalizan aquí, otras se montan íntegramente en Portugal e, incluso, pueden acabar en Galicia para botarse allí», añade Lima, que reconoce que el sector náutico luso vive una «belle epoque». Pero la realidad, con los mimbres procesales actuales, resulta igual de frustrante que en España antes del 2018: «No podemos hacer nada salvo que demostremos la finalidad ilícita. Hay que probar que no será utilizada para pesca deportiva, por ejemplo, y eso no es nada sencillo».

El escenario actual resulta inabarcable. De ahí el primer paso dado por el Ministerio de Justicia con la creación de un equipo de trabajo para redactar un proyecto de ley que restrinja, partiendo del modelo español, la fabricación y uso de planeadoras de grandes dimensiones. Está en curso desde hace un tiempo, pero nadie concreta qué plazos implicará. «Aunque seguro que será más lento de lo que la realidad exige», comenta, con sorna, Lima. La iniciativa genera recelos por las exigencias del sistema jurídico luso. Exige demostrar que las embarcaciones son idóneas únicamente para ese fin, y una lancha rápida, en un país orientado al mar y con un sector turístico relevante en la economía nacional (13,9 % del PIB en el 2018), implica muchas más utilidades.

Paganinis

La realidad policial, atornillada en el trabajo de campo plasmado en procedimientos judiciales, demuestra que la mayoría de narcolanchas se fabrican en astilleros legales que trabajan de cara al público sin trabas. Un escenario que, entre Oporto y Galicia, abarca una treintena de naves dedicadas a todos los procesos de montaje previos a la botadura al mar. «El gallego, por norma, está en la planificación del proyecto, es el que paga. Hay que diferenciar dos realidades náuticas: las construidas para navegar en el golfo de Cádiz y el estrecho de Gibraltar, más abiertas y ligeras, dedicadas al hachís. Y las construidas para el Atlántico, con un diseño más robusto para soportar sus olas. Estas son para la cocaína», detalla las Policía Judiciária.

Lima, tras 23 años siguiendo los pasos de narcos compatriotas, gallegos, colombianos, venezolanos o brasileños, compara las costas del norte de Portugal con las gallegas. Lo hace frente al paseo marítimo de Esposende, a pocos metros de la desembocadura del río Cávado: «Es idóneo, como el Lima (Limia en Galicia), el Miño o el Ave. Tienen todo lo necesario: calado, accesos rodados para dejar las lanchas o recogerlas, y naves con accesos directos para esconder las lanchas voadoras y la droga. Ya la costa del norte es más complicada, con mar abierto. Pero el Miño, por ejemplo, supone un escenario histórico para los gallegos y portugueses, con naves en Monção y Melgaço. Aquí, actualmente, también constan empresas con participación gallega. Esa zona fue, y es, muy cómoda para los narcos de ambos países. En términos globales, al año, de media, decomisamos unas 30, y la mitad están relacionadas con gallegos».

La sobreproducción de lanchas y el trasiego posterior por carretera implica mayor infraestructura. Los seguimientos de la Policía Judiciária evidencian que muchos de estos bólidos, ya finalizados, se almacenan en naves del interior norte del país y de la frontera con las provincias de Pontevedra y de Ourense. Ya en el norte luso, incluso en el interior, existen numerosas naves en desuso y aisladas que se alquilan a bajo precio. Los botes se almacenan, cubren con una lona y se dejan durmiendo el sueño de los justos hasta que la operativa criminal lo requiere. «Incluso en el interior de la provincia de Ourense constatamos su acopio. Darles uso ya es otro asunto, pueden pasar meses», añade Lima antes de ejemplificarlo con una investigación que germinó en Galicia y floreció en Portugal.

Narcolancha a medio construir que fue requisada en un nave del norte de Portugal
Narcolancha a medio construir que fue requisada en un nave del norte de Portugal

Semanas en alta mar

Se ubicó una narcolancha construida en O Salnés que salió por carretera para entrar en el país vecino. La transportó un tráiler hasta echarla al agua más allá de Lisboa. El bote navegó hasta el golfo de Cádiz y no dejó de moverse durante días. Jugaba al despiste, incluso con una sombrilla para proteger del sol a sus ocupantes. Incluso cambió de tripulación para no fatigarla en alta mar. Luego descendieron a Marruecos, cargaron y acabaron en la costa de Cádiz. En total, en el agua, la planeadora permaneció 22 días esperando indicaciones de la organización en tierra. Ya el transporte de cocaína, puede ser igual o más grandilocuente. Hasta cuatro narcolanchas fondeadas durante semanas en alta mar, en coordenadas distantes, a la espera, una sola, de salir al encuentro de la millonaria mercancía.

La relación entre el narco da terra y su colega luso es tan antigua como el mismo negocio en la Península. Lo impulsó el contrabando de tabaco, pero la fariña lo cambió todo. Entonces, desde finales de los años ochenta y ya en los noventa, el rol de los gallegos —recapitula el comisario Lima— ha mutado: «Usaron Portugal durante décadas para trabajar con mano de obra lusa, pero ellos eran los jefes. Su presencia aquí era enorme, sobre todo en Póvoa de Varzim, también para blanquear. Hoy, el narco portugués ya no es un segundón, comparte liderazgo o lo abandera junto a los proveedores sudamericano. El gallego viene a trabajar, cosas concretas o crea empresas y se mueve por todo el país con libertad. Antes, era raro que abandonara el norte».

Lima cuantifica el perverso escenario: de los decomisos de coca hechos desde el 2020, contando los meses transcurridos del 2022 (265 kilos), la presencia de gallegos se constata en la mitad de casos e implica, por igual, detenciones en Portugal.