El Ejecutivo da pistas de qué le ha respondido a la Comisión Europea en el expediente abierto por alargar la concesión sin un concurso público previo
16 mar 2022 . Actualizado a las 18:55 h.El Gobierno central estima que la prórroga concedida a Audasa en el año 2000 para prolongar la explotación de la autopista AP-9 hasta el 2048 es completamente legal. Aunque desde el PSOE siempre se ha culpado al Gobierno de José María Aznar de estirar la existencia de peajes en la principal autopista gallega hasta mediados del siglo XXI, el Ejecutivo de Pedro Sánchez acaba de hacer público su convencimiento de que la concesión de dicha prórroga no incumple el ordenamiento que regula la concesiones de las infraestructuras públicas.
En una respuesta al diputado de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino, el Gobierno central señala que «no comparte» el juicio hecho por la Comisión Galega da Competencia de que los aumentos en los plazos de concesión de la AP-9, que suma 36 años más de explotación en manos privadas de los inicialmente previstos, alteran la posibilidad de competencia de otras empresas que hubieran querido optar tanto a las obras que motivaron la ampliación del contrato (la prolongación del vial hasta Ferrol), como la gestión misma de la infraestructura. Las objeciones hechas por el organismo autónomo gallego, son básicamente las mismas que en septiembre del año pasado motivaron una carta de emplazamiento de la Comisión Europea al Gobierno de España para que explique los motivos de una prórroga de la concesión que Bruselas estima, ya de entrada, que vulneró las reglas del mercado.
La Comisión Europea indicaba que España, y también Italia, «han ampliado la duración de las concesiones de autopistas sin iniciar previamente procedimientos de licitación», añadiendo que el derecho de la UE establece que «la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión», con lo que debería haberse convocado un nuevo concurso público.
El Ministerio de Transportes ha rechazado hasta ahora explicar qué razonamiento ha remitido a Bruselas para explicar dicha decisión, pero la contestación que ha dado a Podemos indicando que no comparte el rechazo de la Comisión Galega da Competencia a dicha prórroga, da una pista de lo que ha contestado al gobierno comunitario. El ministerio ya había apuntado a La Voz que incidiría sobre todo en que la ampliación de la concesión se hizo en favor de una empresa pública, ya que Audasa estaba en el año 2000 en manos del Estado. También tenía previsto añadir en su argumentación que el actual Ejecutivo tiene una política de peajes distinta, consistente en liberar las autopistas cuyo plazo de explotación ya ha vencido, y poner en marcha un debate público sobre la conveniencia de adoptar la filosofía de quien contamina paga, y quien usa las infraestructuras debe de colaborar económicamente en su mantenimiento.
El procedimiento legal abierto por la Comisión Europea sobre la última de las tres ampliaciones de la concesión de la AP-9 llevó a la concesionaria, Audasa, a advertir que si todo el proceso remata con la anulación de dicha prórroga y la liberación de la autopista el año que viene, reclamará al Estado más de mil millones de euros en concepto de indemnización y lucro cesante.
