En el colectivo de interinos vinculados a distintos departamentos de la Xunta se presta atención en los últimos meses a las decisiones de Función Pública para hacer cumplir la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, de diciembre del 2021, que obliga a buscar soluciones para los que acumulan tres o seis años de trabajo sin plaza fija. Pedro Landeira, de la Asociación de Interinos de la Xunta, cree que el Gobierno gallego «debería priorizar una foto fija de las plazas que están ofertadas y saber cuáles deben canalizar por concurso extraordinario para cumplir la ley, cuáles deben resolverse por concurso-oposición y lo que quede vacante llevarlo a la oferta libre», sostiene. El colectivo pide que «no se eche a la calle a gente que lleva en la Xunta 25 años, hay que darle solución a esas personas que tienen ahora más de 45 años, de las que el 80 % son mujeres», apunta.
Juan Capeáns
Aunque en la Xunta se asumió en términos coloquiales hace mucho tiempo la cifra redonda de las 100.000 nóminas públicas, la realidad es que no ha sido hasta ahora cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha certificado que la Administración gallega ha superado por primera vez esa barrera en 117 personas, algo que no había sucedido nunca en las estadísticas estatales homogeneizadas, que arrastran un ligero desajuste con las autonómicas por la consideración de un tipo de contratos. La Consellería de Facenda recuerda además que el informe estatal de empleo imputa a la comunidad gallega el personal de las universidades, que no es estrictamente autonómico aunque sí se encarga de sus salarios, de ahí que Función Pública solo asuma como propios 92.404 trabajadores. Las cuentas encajan incorporando a los 3.244 empleados universitarios de Santiago, a los 2.326 de Vigo y a los 2.144 de A Coruña. Así se supera esa barrera histórica de los 100.000 empleados de la Administración autonómica.
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