Los denunciantes del caso de la cuñada de Silva reclaman que vaya a la cárcel el funcionario condenado
GALICIA
Alegan que se trata de un caso de corrupción política que ha generado alarma social y que de no ingresar en prisión supondría un grave precedente
14 mar 2022 . Actualizado a las 20:52 h.La plataforma que denunció la trama para enchufar en una contrata del Ayuntamiento de Vigo a la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, reclama ante la Justicia que el alto funcionario condenado por dicho caso cumpla la pena de prisión que le fue impuesta por sentencia, ratificada con posterioridad por el Tribunal Supremo, y no sea indultado como ha pedido al Gobierno la defensa del sentenciado. Xuntos por Galicia, que ejerció la acusación particular contra el funcionario Francisco Javier Gutiérrez Orúe y el gerente de la empresa que contrató a la familiar de la política viguesa, considera que de ser liberado del cumplimiento de la pena de cinco años y tres meses, se generaría un grave precedente en un caso de corrupción, en lugar de dar a la sociedad el mensaje de que se lucha contra dichas prácticas. «Qué tipo de mensaje estaría la sala enviando a la sociedad y al resto de funcionarios del Ayuntamiento de Vigo, sin perjuicio de la alarma social que se podría crear una vez más por un supuesto de corrupción tan mediático como este», le pregunta la plataforma denunciante al magistrado de la sección quinta de la Audiencia provincial de Pontevedra.
En su escrito al tribunal, Xuntos niega el argumento que la defensa del funcionario esgrimido para ser indultado de que haya dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos sociales y laborales, lo que Orúe aseguraba demostrar por el hecho de militar en el PSOE y UGT desde hace cuarenta años. «No es cierto. Ha dedicado su vida a buscar el interés propio, de su familia, y el de su partido político, el PSOE, del que pretende ahora obtener su recompensa», escriben los denunciantes al magistrado del caso. Añade que el caso destapado en el Ayuntamiento de Vigo es un supuesto claro de corrupción política, «no se trata de un funcionario que tuvo un error o un desliz un día», señalan aludiendo a que los 108.000 euros que se destinaron a la cuñada de Silva se pagaron a lo largo de cinco años, en los que la beneficiada apenas acudió a trabajar, recuerdan.
Por último, Xuntos también rechaza que Gutiérrez Orúe se apartase del Ayuntamiento por voluntad propia tras ser condenado, aduciendo que su petición de jubilación llegó después de que los denunciantes pidiesen con reiteración la suspensión provisional de todas sus funciones. La petición de cumplimiento de condena se hizo en paralelo a la campaña secundada por 37 asociaciones y particulares de Vigo que mediante escritos instaron al Ministerio de Justicia a indultar al condenado, movimiento coral que el PP mantiene que fue orquestado desde el propio PSOE vigués presionando a las organizaciones firmantes.