El BNG critica la pasividad de la Xunta, que afirma que no comparte ni el fondo ni la forma de la intervención
15 mar 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Alrededor de 50.000 personas se van a ver afectadas por la difícil situación por la que atraviesa la Casa de Galicia en Montevideo, una institución con más de cien años de vida levantada con los fondos de los emigrantes. La deuda millonaria de la institución (que algunas fuentes sitúan en 65 millones de dólares) la ha abocado prácticamente a su desaparición y el Gobierno uruguayo va a distribuir a sus 50.000 mutualistas entre otros servicios de salud.
Esta medida ha generado las quejas y manifestaciones de muchos afiliados que van a ser redistribuidos a otros cuatro servicios de salud a través de un sistema vinculado a su número de identificación, lo que podría suponer que en la misma familia tuvieran que acudir a diferentes centros, según denuncian algunos usuarios. El BNG, a través de su coordinadora de relaciones internacionales, Ana Miranda, desplazada hasta la capital uruguaya, denunció la «falta de transparencia» con la que se está llevando adelante este proceso: «O proceso é un atropelo e unha estafa xa que os socios non foron consultados na toma de decisións».
El BNG critica también la pasividad del Gobierno gallego en este proceso. Por su parte, la Secretaría Xeral para a Emigración recordó que los centros gallegos en el exterior «son entidades privadas que se autoxestionan» y que, en cualquier caso, la Xunta se limita a colaborar con ellos: «Esta entidade atópase nun proceso concursal acorde á normativa do país, pola súa difícil situación económica». Añade sin embargo que la Xunta no comparte «nin a forma nin o fondo do acordo do cese de actividade da Casa de Galicia».
El BNG cree que es imprescindible la mediación de la Xunta «para dar solución á situación que atravesa á Casa de Galicia e salvagardar o patrimonio desta histórica institución».
La Xunta, de su lado, afirma que sigue de cerca el proceso con un contacto permanente con las autoridades uruguayas y con la embajada de España en ese país. Lamenta asimismo las críticas del BNG, que esta formación quiera sacar un rédito político con la situación.
Entre los manifestantes uruguayos, varios señalaron que detrás de esta operación hay intereses inmobiliarios.