El Gobierno permitirá el cobro de peajes en el centro de las ciudades

GALICIA

Oscar Vázquez

No avanza aún ningún sistema de pago por la utilización de las autovías, pero reitera que deberá paliar el efecto periférico

01 mar 2022 . Actualizado a las 21:14 h.

Los ayuntamientos de todas las ciudades de España podrán cobrar una tasa o peaje en las zonas más sensibles de sus localidades o las que quieran preservar de las consecuencias del tráfico. Dicha medida está incluida en el anteproyecto de ley de Movilidad Sostenible que hoy ha aprobado el Gobierno y que será remitido a las Cortes para su debate y discusión. El texto visado por el Ejecutivo contempla diversas medidas para cambiar el uso y hábitos del transporte en las urbes y considera que gravar el uso del vehículo privado en el corazón de las ciudades puede favorecer que un porcentaje notable de la población opte por mudar sus desplazamientos hacia los transportes colectivos públicos o medios no contaminantes.

En el anteproyecto aprobado a propuesta del Ministerio de Transportes, se incide en que se pretende reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como «áreas libres de humos y congestión», permitiendo para ello adoptar medidas que limiten realmente el acceso del coche particular a motor. La ley que se remitirá a las Cortes abre así la puerta de manera clara y directa a que los ayuntamientos puedan establecer «una tasa» por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones.

Esta iniciativa se desarrollará en paralelo a las que ya impulsa la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que obliga a todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a limitar el acceso de zonas acotadas exclusivamente para vehículos de bajas emisiones, de las que quedarían fuera todos los modelos comprados antes del 2008, es decir, todos los que tengan más de 15 años de antigüedad. Dicha norma, que ya ultiman su aplicación los ayuntamientos urbanos gallegos, entrará en vigor el año que viene, mientras que la posibilidad de cobrar por transitar por las zonas urbanas de bajas emisiones también estaría en marcha a finales del 2023, tal y como ha desvelado hoy el Gobierno.

El cobro por acceder en coche privado al centro ya existe en grandes metrópolis como Londres, que fue la pionera, pero se ha extendido también a otras como Oslo, Milán Gotemburgo o Singapur. Según señala el departamento de la ministra Raquel Sánchez, la creación de dicha tasa en España obliga a crear antes una habilitación con rango de ley, para que tenga las mismas condiciones básicas en todo el territorio, aunque será cada ayuntamiento el que decida si lo implanta o no.

La Ley de Movilidad Sostenible también se fija en el papel que deben de jugar las grandes empresas en la reducción de la contaminación. Las de más de 500 empleados, así como las instituciones públicas, estarán obligadas a presentar, en el plazo de 18 meses a partir de la aprobación definitiva de la ley, planes de transporte sostenible de sus plantillas en los desplazamientos al centro de trabajo. También se verán obligadas a ello los que cuenten con turnos de 250 empleados.

En Galicia hay tan solo 59 firmas con más de medio millar de trabajadores, pero en total suman 104.071 empleados. Hasta 31 de ellas están en el área de A Coruña y ocho en la de Vigo.

Y mientras se avanza así en un mayor control del tráfico en las ciudades para propiciar la transformación de la movilidad, el mismo Gobierno ha echado el freno en lo que a la implantación de peajes en las autovías se refiere. En su reunión de hoy en la Moncloa se ha dado solo el visto bueno a que el Ejecutivo lleve a cabo un estudio de las alternativas que se podrían adoptar para obtener financiación con la que lograr «un correcto mantenimiento de la red de carreteras del Estado». No se define ningún modelo, ni se aboga por sistema alguno, al contrario de las insinuaciones que en los últimos años desde el propio Ministerio de Transportes se hizo en favor de la adopción de un peaje blando para las autovías o una viñeta a modo de canon temporal por el uso de dichos viales.

Sí incide el anteproyecto en que el sistema que se acabe adoptando tiene que tener en cuenta criterios de equilibrio territorial, para evitar, como ha demandado la Xunta, que las comunidades periféricas como la gallega vean penalizado el transporte de sus productos y habitantes en los movimientos a los principales núcleos del país y mercados, o las salidas hacia Europa.

El Ministerio de Transportes añade que el modelo que se implante se hará «buscando un amplio consenso social y político y se ajustará a las circunstancias económicas concurrentes».