Feijoo exige transparencia al Gobierno con la financiación y evitar «teatrillos»
GALICIA
Avisa que Galicia no aceptará que el efecto dispersión se pondere a la baja
03 feb 2022 . Actualizado a las 08:57 h.El debate abierto en torno a la financiación de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas sigue marcando el compás del Gobierno de la Xunta, que este miércoles, por boca del presidente, volvió a fijar posición sobre este asunto al reclamar al Ministerio de Hacienda que actúe con transparencia y evite caer en los favoritismos hacia unos territorios frentes a otros. «Non queremos política a media luz nin reservados co Goberno», advirtió Alberto Núñez Feijoo, que también llamó a evitar los «teatrillos» para camuflar soluciones a la carta.
Feijoo aprovechó este miércoles una reunión del comité ejecutivo del PPdeG, celebrada en el complejo de Monte do Gozo, para subrayar la posición del Ejecutivo autonómico en torno a la financiación. Lo hizo al hilo de la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la población ajustada —cálculo que determinada el reparto del 75 % de los fondos— y las alegaciones que presentaron buena parte de las comunidades. «Fomos leais e sempre pedimos un debate transparente de como debemos financiar as competencias», expuso el líder del PPdeG, que asegura que el Estado siempre encontró en la Xunta espíritu constructivo y voluntad de consenso, como la que plasmaron ocho comunidades autonómicas, con problemas comunes, en el documento firmado en la cumbre de Santiago.
Por eso cree Feijoo que más allá de poner sobre la mesa cuestiones parciales, como la población ajustada, llegó el momento de hacer «unha proposta concreta e non por fascículos», pero que responda al interés común, y no que sea el resultado de la política de «reservados» con algunos territorios, pues el objetivo es fortalecer la financiación de los servicios públicos, como la sanidad y la educación, y no fortalecer «ao débil Goberno do presidente Pedro Sánchez».
El Gobierno gallego quiere que en la futura financiación tenga más peso el gasto sanitario, y muy especialmente el de las comunidades que tienen población más envejecida, y que se pondere al alza el llamado efecto dispersión, que le ocasiona a las arcas gallega un sobrecoste de 513 millones anuales para llevar los servicios fundamentales a los núcleos de población.
«Se temos 340 colexios e 240 centros de saúde máis que a media, como se paga iso?», se preguntó Feijoo, que previno de un intento previo para que compute menos el efecto dispersión, al que no está dispuesto a aceptar. Los servicios se pagan con dinero, insistió, «e non con teatrillos nin padrenuestros laicos».
Las comunidades crean un frente multicolor contra la propuesta de la ministra Montero
La propuesta de financiación autonómica realizada por el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, en la que solo se utiliza el cálculo parcial de la población ajustada para estimar el coste de los servicios públicos, provocó que varias comunidades, gobernadas por partidos de todo signo, alzaran la voz contra el documento del Gobierno que no parece contentar a nadie.
Son varios los Ejecutivos autonómicos que, con mayor o menor vehemencia, han levantado la voz contra la propuesta de Hacienda, presentado en muchos casos alegaciones a la misma. Lo hicieron, por supuestos, los territorios que, según la Fundación Fedea, más perdería con el cálculo de la población ajustada, que son, por este orden, Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.
Ni siquiera Asturias o Cantabria, cuya posición se vería reforzada con el reparto, están satisfechas, pese a que en ambas gobierna el PSOE. Desde el Principado expresaron su «discrepancia plena» con un documento que no garantizar la suficiencia de recursos para sufragar las competencias, así que el presidente asturiano, Adrián Barbón, que esto solo se puede arreglar «si se pone mucho más dinero».
Valencia y Madrid recelan del cálculo de población ajustada, en vez de tener en cuenta la real, porque entienden que le supone una merma, de hasta 250.000 habitantes menos en el caso madrileño.. Baleares, en cambio, quiere que se compute también la población flotante, y no solo la censada, para repartir los fondos.
