Recalcará a la UE su intención de aplicar el principio de quien usa paga, pero no adelantará aún la fórmula que someterá a debate
31 ene 2022 . Actualizado a las 20:43 h.El Ministerio de Transportes no llevará mañana al Consejo de Ministros, como había anunciado la ministra Raquel Sánchez, el texto con el que pasará de las declaraciones al papel su decisión de cobrar en las autovías de estatales. El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte aún deberá esperar al menos dos semanas más, según apuntan fuentes del Ejecutivo, que señalan que su redacción se está ultimando y afinando justamente en el apartado en el que se argumenta el porqué las autovías deben de dejar de ser gratuitas para todos los conductores.
Con el aplazamiento el Ejecutivo salva la campaña de las elecciones autonómicas castellanoleonesas, que se celebrarán dos días antes de la nueva fecha marcada para la aprobación del texto.
El anteproyecto no revelará en todo caso qué método propone el Gobierno para llevar a cabo el cobro con el que pretende recaudar fondos para dedicarlos a la financiación del mantenimiento de la red viaria. Las fuentes consultadas desvelan que el apartado con el que se defenderá el fin de la gratuidad se limitará a definir la filosofía con la que se quiere abordar el polémico cobro de peajes o tasa, mensaje que en todo caso tiene a la Comisión Europea como principal destinatario. A Bruselas se le quiere hacer ver que el Gobierno avanza en la intención de aplicar el criterio de quien usa y contamina en la carretera paga, tal y como se comprometió en mayo, entre otros deberes, a cambio de los fondos de los 140.000 millones de euros del plan de recuperación y resiliencia por la crisis que originó la pandemia del covid.
No se esbozará siquiera si se opta por el sistema de la viñeta, un canon al estilo de tarifa plana que permite circular por todas las autovías sin más desembolsos por el tiempo contratado, o si se aboga por un sistema con un precio por kilómetro recorrido, el que más convence a la UE.
El Ejecutivo avanza que está inmerso ahora mismo en el estudio de las posibles alternativas de cobro, por lo que no se decantará de entrada por ninguno. Será dentro de unos meses, sin concretar, cuando se presente una propuesta específica para ser sometida a debate tanto de los partidos políticos, como de las autonomías y los sectores económicos más vinculados al uso de la carretera. «No hay un horizonte temporal concreto», señala el Gobierno sobre cuándo tendrá lista dicha propuesta.
Tanto los transportistas como la Xunta se han manifestado en contra de cualquier modelo que se base en el cobro por los kilómetros recorridos, pues supondría para los territorios periféricos como Galicia un sobrecoste que los más cercanos a los mercados y núcleos de mayor consumo no tendrían que afrontar, lo que incidiría en una pérdida de competitividad para los productores de las comunidades más alejadas.
El Ministerio de Transportes barajó el pasado verano la posibilidad de arrancar en el 2024 con el cobro en las autovías y autopistas liberadas con la viñeta, un canon que tendría el mismo precio en toda España, independientemente de los kilómetros recorridos por cada vehículo. Dicho canon, sería sustituido en el plazo de dos años por un sistema de peajes a la carta en el que los precios variasen según las distancias recorridas, el tipo de vehículo, antigüedad y emisiones, e incluso la hora del día en el que se circule.
La pasada semana el Consello Galego da Competencia propuso que se opte solo por la viñeta y se complemente con un peaje especial en los viales de mayor colapso y contaminación, los que dan acceso a las grandes ciudades.
Pendiente de lo que Bruselas diga sobre la legalidad de la prórroga hasta el 2048 en la AP-9
Transportes aún no ha recibido respuesta de la Comisión Europea a sus alegaciones contra el procedimiento de infracción abierto tras considerar ilegal la prórroga que el Gobierno de Aznar concedió a Audasa para continuar gestionando la AP-9 hasta el 2048 con 25 años más sobre el último plazo previsto. El ministerio manifiesta que está a la espera de saber sí Bruselas le requiere más información o documentos al respecto en el trámite que sigue tras haber atendido y dado la razón a la denuncia interpuesta por la plataforma de usuarios gallega En Colectivo. Las fuentes consultadas advierten que no habrá más salida que atender lo que dictamine la Comisión, si bien se le ha hecho ver que la prórroga fue otorgada a Audasa cuando era una empresa pública, y por tanto el nuevo plazo de explotación no favoreció a una firma privada en detrimento de otras, aunque después de dicha ampliación temporal se privatizó la sociedad con todas sus concesiones por 1.586,3 millones de euros.