La huelga de letrados de justicia obligará este miércoles a suspender cientos de vistas en Galicia
GALICIA
Los antiguos secretarios judiciales reclaman un incremento salarial tras asumir nuevas funciones
25 ene 2022 . Actualizado a las 20:43 h.Los letrados de la administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, están llamados a secundar este miércoles una huelga para reclamar al Ministerio de Justicia una subida salarial que compense el incremento de sus funciones y una negociación colectiva propia.
Según apuntan los convocantes, la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Ministerio no les ha trasladado ninguna propuesta sobre sus reivindicaciones, por lo que mantiene su protesta con el objetivo de demostrar que son una pieza clave y que sin ellos «la justicia se para».
Ese anuncio de huelga ya ha hecho que en los juzgados se hagan cálculos sobre el impacto que tendrá en el desarrollo de procesos ya abiertos. Se estima que habrá cientos de suspensiones de vistas en Galicia, lo que terminará pasando factura a una Administración que ya acumula miles de casos pendientes entre el pasada huelga en el sector y el impacto de la pandemia. Hay unos servicios mínimos. Solo en Vigo, fuentes judiciales estiman que cerca de un centenar de casos se pospondrán. En Ferrol, por ejemplo, el Juzgado de lo Social que tenía fijados para mañana los mantiene, porque había citada mucha gente.
Fuentes de la negociación avanzaron ayer a la agencia Efe que el Consejo de Ministros del próximo 1 de febrero aprobará un complemento retributivo de 195 euros al mes. Supone una subida de 2.430 euros al año, el 5,26 % de sus retribuciones, a lo que hay que sumar el 2 % de incremento salarial a todo el sector público. Tras esa medida, retroactiva desde el 1 de enero, los ingresos medios de un letrado serán de 46.855 euros al año.
Para la UPSJ, el objetivo de estas informaciones es deslegitimar la huelga. Según apuntan en esa asociación, llevan doce años esperando la adecuación salarial, desde que, con una reforma legal, se incrementaron sus funciones y competencias y asumieron responsabilidades que hasta entonces llevaban los jueces. Sus funciones, dicen, han aumentado en un 30 %, por lo que consideran que esa subida «está muy lejos del objetivo de restablecer el equilibrio entre las obligaciones y los derechos de todo empleado». Reclaman además reformas legislativas para reconocer su derecho a una negociación propia, no una general dentro del sector público.