¿Hay algún plazo para sacar adelante una propuesta?
La última reforma del sistema es del 2009. Se le otorgó una validez de cinco años, pero desde el 2015, con Mariano Rajoy (PP) en la Moncloa y cerrados los presupuestos que ya evidenciaban ciertos desajustes, nunca se activó su revisión. El Gobierno de España ha agitado el debate en el ecuador de la legislatura, y en diciembre presentó un documento con una propuesta parcial. Pero no existe un calendario en firme, que estará condicionado por las dos citas electorales del 2022, en Castilla y León y Andalucía.
¿Qué opinan el resto de las comunidades y de los partidos políticos?
Es el gran problema del puzle de la financiación autonómica: los equilibrios políticos en el Congreso o en las comunidades no concuerdan siempre, por lo que el atajo de los partidos no funciona. Al margen de las posiciones nacionalistas, el presidente asturiano, del PSOE, puede tener más intereses comunes con el de Galicia (PP) que con el la Comunidad Valenciana, de su propio partido. De hecho, se habla de tres frentes: el llamado grupo de Santiago, en el que están Galicia y otras siete comunidades ubicadas en el triángulo oeste entre Extremadura y Cantabria, el menos poblado de España; el del Mediterráneo, en el que se han alineado Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares; y luego están los versos sueltos, como Canarias, que quiere que su insularidad tenga un peso específico; Madrid, que aporta más y recibe ataques por su política fiscal; y Cataluña, cuyas miras están en la autodeterminación y que acumula una gran deuda.
