Facenda cifra en 500 millones el sobrecoste de la dispersión de la población en Galicia
GALICIA
El BNG pide a la Xunta más «ambición» al negociar la financiación autonómica y el PSdeG apela en la comisión parlamentaria a un acuerdo «de país»
19 ene 2022 . Actualizado a las 20:04 h.La Xunta le ha puesto precio a la dispersión geográfica de Galicia. Que la comunidad acoja a la mitad de las entidades de población de toda España supone un sobrecoste administrativo de 500 millones de euros, según el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que cerró la ronda de comparecencias de la comisión parlamentaria que abordará ahora sus conclusiones para sumar al debate estatal sobre la financiación autonómica. El dirigente popular señaló en su exposición que esa es la característica que más diferencia a Galicia del resto del país, pero también la acerca más a Europa, donde estas divisiones administrativas son más habituales.
La dispersión geográfica supone, además de un rasgo, «unha maior necesidade de gasto» que ejemplificó en la necesidad de doblar el número de centros de salud por habitante, tener un 10 % más de profesores por alumno o ser la comunidad que más invierte en transporte escolar. El conselleiro cree que esa dispersión «nunca foi ben entendida» a la hora de repartir fondos desde Madrid. Para acercarse más a la realidad propuso que se tenga en cuenta las entidades singulares de población y no otras referencias como el tamaño de los municipios, con distintas dimensiones según la comunidad. Un factor que pueden distorsionar los cálculos.
En el apartado de propuestas, Corgos reclamó que el nuevo sistema de financiación garantice la «suficiencia global» para responder al coste de las competencias asignadas a las comunidades autónomas, así como introducir una variable que refleje el coste de los servicios en cada territorio, un aspecto en el que entra el concepto de población ajustada. En este punto, y tras escuchar las valoraciones de los portavoces parlamentarios en la comisión, el conselleiro calificó como «razoables», aunque con matices, algunas de las propuestas que ha avanzado el Gobierno de España en diciembre, en lo relativo a los gastos reales en educación y política social. El dirigente popular alertó, sin embargo, de la «infraponderación» en materia sanitaria al no incluirse múltiples gastos como la vacunación ordinaria o el equipamiento de los centros de salud. Con carácter general, considera ese avance como «insatisfactorio» porque el documento se adentra en cuestiones parciales sin aclarar cuántos recursos se van a repartir y cuál va a ser la cesta de tributos. «Están xogando coas cartas marcadas», lamentó en referencia al adelanto que hizo el Ministerio de Hacienda.
Subir o bajar impuestos
Los grupos de la oposición plantearon al conselleiro cuestiones relacionadas con las bajadas de impuestos que defiende la Xunta. Para Corgos, el sistema que se acuerde en los próximos meses debe «garantir a autonomía fiscal» para seguir ejerciendo el autogobierno y para modular la capacidad de ingreso y de gasto, o de establecer tributos. La idea es que después sea cada Gobierno autonómico el que decida con «corresponsabilidade» respetando las reglas.
Por último, el conselleiro reclamó un nuevo modelo de reparto más simple, con menos tipos de fondos, más transparente y con mayor capacidad de control desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas las comunidades. A su vez, pidió la participación de estas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y pidió un horizonte temporal de financiación amplio revisable en ciclos de tiempo más allá de un año en el que pueden distorsionarse los cálculos por circunstancias coyunturales, una aportación de Galicia que destacó el portavoz popular, Pedro Puy.
Pontón pide ambición
La portavoz del BNG, Ana Pontón, intervino en la comisión para reforzar algunas posiciones que su formación fue desgranando en los últimos días, pero sobre todo insistió en la necesidad de diseñar «unha proposta con ambición de país» para que Galicia deje de ser una comunidad «infrafinanciada». Para la nacionalista, el debate «deixa claro» que Feijoo no tiene un modelo de financiación, dijo, antes de preguntarse cuál era el planteamiento de la Xunta ante la cesión de tributos como el IVA o el IRPF, o la posibilidad de que las empresas tributen allí donde tienen actividad, como puede ser el caso de las eléctricas. A pesar de las posiciones contrarias mantenidas por la mayoría de los expertos que pasaron por la comisión, Pontón volvió a reclamar un «concierto económico» al estilo del País Vasco para que Galicia controle «o 100 % dos recursos», y exigió un cálculo más afinado para costear la sanidad, coincidiendo con Corgos en que Galicia «precisa máis financiamento» en términos absolutos.
El PSdeG quiere que se blinden los servicios públicos
Por su parte, la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo se mostró crítica con la política fiscal de la Xunta, a la que acusó de «copiar o modelo de Ayuso que presenta como a panacea baixar impostos», y lamentó que, según sus cifras, el reciente retoque en el IRPF vaya a beneficiar más a las personas que más ganan que a las rentas medias. Según la socialista, ese tipo de políticas inciden en una menor recaudación que acaba afectando al mantenimiento de los servicios públicos, para los que pidió su «blindaxe». Rumbo cree que la Consellería de Facenda ya cuenta con la autonomía que demanda Corgos, pero lamentó la redistribución que practica. En todo caso, concluyó su intervención haciendo un llamamiento al acuerdo entre los tres grupos para fijan una posición «de país» y negociar un modelo «beneficioso» para Galicia sin que ninguna comunidad salga perdiendo.
La comisión iniciará en los próximos días la redacción de las conclusiones, que serán elaboradas por Pedro Puy y Lupe Murillo (PPdeG); Noa Presas y Ana Pontón (BNG); y Begoña Rodríguez Rumbo y Juan Carlos Francisco Rivera (PSdeG).
